
Desde tribuna del Congreso capitalino, el coordinador del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, propuso al Gobierno capitalino y, sobre todo, a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local abandonar los laberintos locales, para atender y dar solución a las víctimas de despojo de su hogar o defraudado en su patrimonio.
Así lo manifestó el panista al presentar una iniciativa, para atender las controversias civiles relacionadas con esos delitos, “ya que en la actualidad existe una brecha en la protección de las víctimas, quienes pueden enfrentar procedimientos largos y fragmentados para recuperar una vivienda o patrimonio del que fueron despojadas”, denunció.
Y sin que los diputados locales de Morena escucharan e, incluso, algunos hasta dándole la espalda, Atayde Rubiolo sostuvo que “hoy discutimos una iniciativa que parte de una realidad incómoda, dolorosa y urgente: en nuestro país, una persona puede perder su vivienda, su patrimonio y la tranquilidad construida durante toda una vida y, aun así, enfrentar una ruta institucional lenta, fragmentada e incierta para recuperar lo que legítimamente le pertenece”, señaló.
Explicó que la propuesta establece una vía rápida para las controversias civiles por despojos, con el propósito de garantizar una justicia ágil y uniforme en todo el país.
“No puede ser que la rapidez con la que una persona puede defender su patrimonio dependa del código postal en el que viva o de si, en su entidad federativa, se ha emitido un acuerdo administrativo que habilite determinada vía procesal”, sostuvo.
Enfatizó que un punto central de su iniciativa, es establecer que las víctimas puedan reclamar la reparación del daño sin tener que esperar a que concluya una investigación o exista una sentencia penal firme, “pues la impunidad penal no puede convertirse, por sí misma, en impunidad civil”, afirmó.
Luego que la presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza de la Santos, llamó la atención a los legisladores para que escucharan al ponente, aunque también la ignoraron, Atayde Rubiolo continuó:
“Esta iniciativa también contempla evitar que el daño se vuelva irreversible, con anotaciones preventivas en el Registro Público, suspensión provisional de actos de disposición y aseguramiento del bien cuando resulte estrictamente necesario”, lamentó.
Aclaró que estas medidas no serían automáticas y estarían sujetas a controles judiciales, como la valoración de la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la proporcionalidad, además de contemplar garantías, audiencia posterior, medios de impugnación y protección para terceros registrales, ocupantes de buena fe y personas en condición de vulnerabilidad.
“No se trata de combatir una injusticia creando otra, sino de proteger a la víctima sin cancelar los derechos de nadie; de actuar con firmeza, pero también con el debido proceso”, subrayó.
De igual forma, el panista planteó que la eventual responsabilidad de notarios y fedatarios públicos sea analizada de manera individual, evitando responsabilidades automáticas, el Ministerio Público deberá acreditar incumplimientos dolosos o culposos, el vínculo causal con el daño y la ausencia de causas de exclusión o reducción de responsabilidad.
Insistió que su propuesta no pretende confrontar a las entidades federativas, poderes judiciales, notariado o instituciones, sino fortalecer la coordinación y proporcionar herramientas claras para quienes imparten justicia.
Descubre más desde Donceles Portal
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
