
Para atender las demandas ciudadanas de legalizar y despenalizar la eutanasia activa y el suicidio asistido, la diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya, presentó ante el Congreso local dos iniciativas de ese tema: una, para expedir la Ley de Muerte Digna capitalina; y, otra, para reformar la Ley General de Salud en ese rubro.
En el segundo caso, la legisladora planteó eliminar la prohibición de la eutanasia y reconocer la asistencia médica para una muerte digna. Sin embargo, por tratarse de una ley federal, tendría que ser aprobada por el Pleno del Congreso capitalino, para después ser remitida al Senado de la República, para que continúe su proceso parlamentario.
Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, la petista argumentó que el debate acerca de la muerte digna ya está en las calles de la capital, los hospitales y en la conversación familiar y pública.
Ejemplo de ello, apuntó, son las recientes movilizaciones realizadas en la Ciudad de México para solicitar una legislación sobre muerte digna, como es “La Ley Trascender”, impulsada por Samara Martínez, lo que convirtió una experiencia profundamente y personal en una causa colectiva por la autonomía al final de la vida.
Hace apenas unos días, señaló Guerrer Maya, “la primera marcha por una muerte digna, nos habló del clamor que se vive y llegó a este Congreso la iniciativa, para exigir que escuchemos las voces de especialistas, pacientes y organizaciones agrupadas en Libertad para Morir, y así abrir la discusión”, refirió.
Reveló la representante popular que 86% de los capitalinos están a favor de legalizar la eutanasia, de acuerdo con una encuesta de opinión mencionada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y que, además, han presentado varias iniciativas estatales ante el Congreso de la Unión en la materia.
“México, sin duda, habla del tema y la Ciudad de México no puede guardar silencio. Debe seguir a la vanguardia, porque desde 2017 nuestra Constitución capitalina ya establece que la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Casi 10 años después, tenemos la responsabilidad de convertir ese reconocimiento constitucional en un derecho que podamos ejercer”, puntualizó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
En ese contexto, aclaró, su propuesta para expedir la Ley de Muerte Digna en la Ciudad de México, “no es contra la vida, sino a favor de la dignidad”, y no busca convencer a nadie de morir o imponer una visión moral sobre otra persona.
Subrayó que lo que pretende es que sea reconocido el legítimo derecho de cada persona acerca de su propio cuerpo, porque la libertad de sobre sí misma es irrenunciable.
De igual forma, manifestó que el Estado debe cuidar, acompañar, ofrecer tratamientos, aliviar el dolor y garantizar cuidados paliativos.
“Aunque existe una frontera que el Estado no debe cruzar: apropiarse de la voluntad de una persona capaz de decidir sobre sí misma, porque los derechos humanos no desaparecen en la puerta de un hospital, ni la cercanía de la muerte nos despoja de dignidad”, aclaró la petista.
Guerrero Maya detalló que su iniciativa busca fortalecer los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor; reconocer la voluntad anticipada; prohibir la obstinación terapéutica; garantizar el acompañamiento psicológico, social y tanatológico; proteger la objeción de conciencia individual y, sobre todo, establecer salvaguardas frente a cualquier presión, manipulación, violencia o interés económico.
Agregó que este ordenamiento establece y reconoce, bajo requisitos estrictos, dos modalidades para acceder a una muerte digna: la eutanasia y la asistencia médica para morir.
“Hoy tenemos nuevamente esa oportunidad por la vida y la dignidad de morir en paz, para que hasta nuestro último respiro sigamos siendo dueñas y dueños de nuestra propia vida”, indicó.
De acuerdo con la iniciativa, la diputada local propone que a la Ley General de Salud debe derogarse el artículo 166 Bis 21, que prohíbe la eutanasia, así como adicionar un Título Octavo Ter.
En éste último, comentó, prevé establecer la definición de eutanasia y asistencia médica para morir; las condiciones para que pueda realizarse el procedimiento; establecer que el personal de salud podrá ejercer objeción de conciencia, y que la Secretaría de Salud establezca los protocolos clínicos, procedimientos de evaluación y mecanismos de revisión previa para garantizar que la atención se proporcione con seguridad, gratuidad, confidencialidad, accesibilidad y pleno respeto a la dignidad y autonomía de las personas.
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