
A fin de fortalecer los vínculos familiares y contribuir al proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad, es necesario crear un Sistema Integral de Comunicación Penitenciaria en los penales capitalinos, con llamadas telefónicas y videollamadas institucionales, así como mecanismos tecnológicos autorizados, bajo controles de identificación, registro y seguridad, que permitan garantizar el derecho a la comunicación sin poner en riesgo la seguridad de las cárceles.
Para ello, la diputada local del Tucán, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa en el Congreso capitalino, para adicionar un Capítulo II Bis, con 10 artículos, denominado “Del Sistema Integral de Comunicación Penitenciaria al Título Segundo, de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en materia de comunicación y reinserción social.
Entre las medidas propuestas por la también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PVEM, destaca crear un esquema de llamadas de 120 minutos mensuales gratuitos, una videollamada gratuita semanal de al menos 20 minutos y mecanismos de atención prioritaria para emergencias familiares, personas con discapacidad, personas adultas mayores y quienes tengan hijas o hijos menores de edad.
En cuanto a la comunicación del interno con sus defensoras, “serán confidenciales, por lo que la autoridad penitenciaria no podrá monitorear, grabar, almacenar ni intervenir su contenido, únicamente podrá registrar la fecha, hora, duración y terminal utilizada.
Las comunicaciones del interno con sus familiares, la autoridad deberá respetar el la privacidad y protección de datos personales, sólo podrá generar registros técnicos relativos, como la fecha, hora, duración, terminal utilizada y contacto autorizado.
Asimismo, la prestación de este servicio, “deberá observar principios de accesibilidad económica y no lucro”, por lo que las tarifas deberán ser públicas y visibles en todos los Centros Penitenciarios, por lo que además de los 120 minutos gratuitos mensuales, así como una videollamada gratuita semanal, el exceder dichos tiempos el costo no podrá exceder 50 centavos por minuto para llamadas adicionales, no incluir cargos por conexión, mantenimiento o conceptos análogos.
De igual forma, continuará prohibido introducir, poseer, ocultar o utilizar dispositivos de comunicación no autorizados, alterar registros técnicos, comercializar ilegalmente el acceso a medios institucionales, utilizar mecanismos de comunicación para fines ilícitos y comprometer la seguridad tecnológica del sistema.
La iniciativa advierte que la posesión o utilización de dispositivos de comunicación no autorizados, dará lugar a procedimientos disciplinarios conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, pero cuando exista participación de personal penitenciario o terceros en el ingreso o facilitación de dispositivos prohibidos, la autoridad deberá dar vista inmediata a las autoridades competentes.
“No estamos proponiendo permitir celulares dentro de los Centros Penitenciarios, ni acceso libre a internet, lo que sugiero es exactamente lo contrario, sustituir mecanismo informales o irregulares por un sistema institucional, administrado por la autoridad penitenciaria”, aclaró desde tribuna la pevemista ante la inquietud de algunos legisladores de Morena.
Con esta propuesta, enfatizó, su partido busca avanzar hacia un modelo penitenciario que combine derechos humanos, tecnología y seguridad, mediante la utilización de herramientas para preservar los vínculos familiares y favorecer una reinserción social efectiva.
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