Maraña Capitalina

Morena y sus ‘coincidentes’ nexos con el narcotráfico han quedado al descubierto

Con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unido, de solicitar a México la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve angelitos más, todos del partido Morena, queremos ver a la coordinadora de ese instituto político en el Congreso capitalino, Xóchitl “N”, que así como el pasado miércoles pidió juicio político y, poco faltó, exigir quemar viva en leña verde en el Zócalo de la Ciudad de México a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como “Maru Campos”, por el simple hecho de que su gestión la enfocado en combatir al narcotráfico y la seguridad pública en el estado, el próximo miércoles haga lo mismo con estos honestos servidores públicos sinaloenses. Doña Xóchitl en agrio y desigual pleito –que no debate, eh, conste–, con los panistas, junto con toda su camarilla de lambiscones, acusaron a Maru Campos de “traicionar a la patria”. ¿Uy si, cómo no?. Porque, según los morenistas, permitió la entrada a territorio mexicano a agentes de la CIA. Sin embargo, estos muchachos de “ya saben quién”, parece que ignoran –o se hacen–, que este tipo de acciones ocurren desde hace años. De verdad. Es más, el 24 de febrero de 2025, en este espacio comentamos que parecía extraño la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum y los morenistas en su conjunto, de que tanto la “derecha conservadora” y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusaran a Morena de tener nexos con el narcotráfico, cuando el origen de su nombre está con los narcos colombianos. Eso es ser descarados y cínicos. En serio, el nombre de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que nació en México el 2 de octubre del 2011, primero como asociación civil, para, después, el 9 de julio del 2014, obtener su registro como partido político. Sin embargo, ese nombre surgió el 10 de agosto de 1989, en el barrio de Teusaquillo, municipio de Magdalena Medio, en Colombia, cuando los abogados Antonio Vargas y Armando Valenzuela, lo presentaron. La asociación política, que en principio se mostraba dispuesta a combatir al comunismo y, además, rechazar la extradición de colombianos ante la justicia norteamericana. Luego se supo que dichos litigantes defendían a los capos Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, las cabezas principales del Cártel de Medellín. Además, de que el proyecto de ese primer Morena, era que “de configurarse se daba un paso definitivo en la intención de establecer en Colombia una especie de ‘república independiente del narcotráfico’”, les suena algo parecido en México. Con eso de “abrazos no balazos” y darle manga ancha a los capos del narcotráfico, que hoy tienen en grave problema no sólo al gobernador de Sinaloa y nueve integrantes de su pandilla, sino al gobierno mexicano en general. De este tema esperamos que el próximo miércoles que regresen a trabajar nuestros legisladores del Congreso local, los morenistas y su líder hablen con el mismo ímpetu con que trataron el tema de Maru Campos. Pues como diría la panista América Rangel Lorenzana: “Vaya lo absurdo, a quien combate el narcotráfico, es traidora a la patria, pero si se les abraza y besa a esos capos y sus familiares, son héroes. Es la incongruencia de este narcogobierno”, sostuvo el pasado miércoles durante la discusión en la sesión ordinaria del Antiguo Palacio de Donceles, donde los morenistas hablaron –o bueno, eso aparentaron–, los que nunca o rara vez lo hacen. Todo para exigir “juicio político” a la gobernadora de Chihuahua. Ahora es un gobernador de su partido y no fue el PAN o la derecha conservadora, quien los acusa, sino el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Verdad que no es lo mismo? Pero esperamos su posición de los legisladores de Morena, porque hay infinidad de “coincidencias” de que estos militantes y su patrón, estos que asumen la bandera de “no mentir, no robar y no traicionar”, están ligados de una u otra manera con el narcotráfico. Los malos están en el poder, cuando el origen hasta su propio nombre viene del narcotráfico colombiano. En fin, allá ellos. ¿A poco no?

Nadie para a Victoria Samano y su organización en violentos enfrentamientos

Alguien debe poner un hasta aquí a Victoria Samano, líder trans de la organización LLECA, pues ya se le ha hecho costumbre de que o le cumplen sus caprichos sino les arma un relajito. Como ocurrió la tarde de ayer en las afueras del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, donde integrantes de dicha agrupación agredieron a policías y personal de este organismo, porque, según ellos –o ellas–, no les dan respuesta satisfactoria para que obtengan una vivienda. Lo lamentable del caso, es que cuando ocurren hechos similares, algunos medios de comunicación le cuelgan el santito a la diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, quien de inmediato rechazó “cualquier forma de agresión, confrontación o vulneración de la integridad de las personas, particularmente cuando se trata de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples violencias estructurales”. El problema es que cuando ocurría el enfrentamiento, varios de los agresores dijeron pertenecer a la organización de doña Diana. De ahí que la legisladora aclaró que “ninguna de las personas que aparecen en los videos difundidos en redes sociales, forma parte de mi equipo de trabajo, ni representa mi labor política, legislativa o social”. Sin embargo, la organización que encabeza quien dice llamarse Victoria Samano, ya son varios enfrentamientos con las autoridades por una cosa u otra, con la bandera de que a la comunidad trans, “siempre somos víctimas de violencia, no se nos respeta”. Incluso, a pedido apoyo de algunos diputados locales y federales, así como a funcionarios del Gobierno capitalino, y cuando no le cumplen en el momento que ella pide, los acusa de no tener palabra y, lo peor, acude a los medios de comunicación para exhibirlos. Incluso, Sánchez Barrios hizo un llamado “respetuoso a la organización LLECA y a todas las voces involucradas, para actuar con responsabilidad, a no desinformar y a evitar la confrontación que sólo profundiza las divisiones dentro de nuestra comunidad. La lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género ha sido histórica, colectiva y profundamente política. No podemos permitir que se fracture por la desinformación o la violencia”. Por ello, la autoridad ha optado por ignorarla a ella y a sus seguidores, pero cada vez son más constantes los enfrentamientos violentos, sin que exista alguien que le ponga freno. ¿Será que le temen? No creemos, sólo que en el Gobierno de Clara Brugada no hay gente capaz de acabar con este tipo de acciones.