PVEM exige 15 días de plazo a negocios para regularizarse antes de clausura

Debido a que los 450 mil establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, representan uno de los pilares fundamentales de la actividad económica y la generación de empleo, es necesario que las alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), cuando detecten irregularidades en estos negocios, otorguen, por lo menos, un plazo de 15 días para que sus propietarios regularicen su situación antes de proceder a la suspensión de actividades o clausuras.

Así lo solicitó esta mañana, durante la sesión virtual de la Diputación Permanente del Congreso local, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta León, a través de un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a las 16 alcaldías y al INVEA implementen mecanismos de regularización previa para establecimientos mercantiles, para proteger el empleo y fortalecer la actividad económica en la Ciudad; la propuesta fue aprobada por unanimidad.

En su exposición de motivos, la también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PVEM denunció que actualmente en la Ciudad de México, un trámite pendiente o un documento faltante, puede significar que un negocio baje la cortina y que decenas de familias pierdan su fuente de ingresos.

De allí la importancia de que existan mecanismos de regularización previa, que permitan a los comerciantes solventar irregularidades documentales antes de enfrentar sanciones que ponen en riesgo empleos, inversiones y el sustento de miles de familias.

“Las autoridades deben ser aliadas de quienes generan empleo, no convertirse en una amenaza para quienes todos los días levantan la cortina para sacar adelante a sus familias. La ley debe cumplirse, pero también debe aplicarse con justicia y sentido social”, afirmó.

Peralta León aseguró que detrás de cada establecimiento mercantil hay trabajadores, proveedores y familias que dependen de su operación, sobre todo cuando el INEGI reporta que en la Ciudad existen más de 450 mil unidades económicas, muchas de ellas micro y pequeños negocios que enfrentan grandes desafíos para mantenerse abiertos.

Además, el mismo instituto señala que en el país, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen más del 99% de las unidades económicas del país y generan una parte sustancial del empleo formal.

Incluso, dijo la pevemista, los Censos Económicos del INEGI muestran que las microempresas representan, aproximadamente, 95.5% de los establecimientos económicos, mientras que las pequeñas y medianas empresas alrededor del 4.3%; es decir, en conjunto, estos negocios generan más del 70% del empleo nacional.

Por ello, insistió Peralta León, cualquier medida que implique la suspensión de actividades o la clausura de un establecimiento, debe observar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso.

“Si bien es indispensable que las autoridades garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de establecimientos mercantiles, protección civil, uso de suelo, anuncios y demás disposiciones aplicables, también resulta necesario reconocer que en numerosos casos las irregularidades detectadas durante los procedimientos de verificación corresponden a omisiones administrativas o documentales susceptibles de ser corregidas por los propietarios o responsables de los negocios en un plazo razonable”, enfatizó la legisladora.