
Con 46 votos a favor –de Morena y aliados–, y 15 en contra –del PAN y uno del MC; el PRI no votó–, el pleno del Congreso capitalino aprobó el acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/1A/057/2025 de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual designa a Sara Alicia Alvarado Avendaño, como integrante del Órgano de Administración Judicial.
Con ello, Jesús Sema Suárez, líder del PVEM y presidente de la Mesa Directiva, quien era el principal opositor a dicho nombramiento, desde el pasado miércoles por la tarde terminó por aceptar la propuesta de la diputada local de Morena, Martha Ávila Ventura, para impulsar a su excolaboradora –Sara Alicia–, para dicho cargo.
Es resaltar que, para su repentino cambio de actitud, fue determinante la intervención del secretario de Gobierno capitalino. César Arnulfo Cravioto Romero, quien el miércoles pasado reunión en su oficina a Ávila Ventura y Sesma Suárez, a fin de limar asperezas y acabar con malos entendidos.
La Constitución Política capitalina dispone que el Órgano de Administración Judicial, será integrado por cinco personas, quienes durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto del titular de la Jefatura de Gobierno; una por el Congreso local, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y tres por el Tribunal Superior de Justicia, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; la presidencia de dicho Órgano durará dos años y será rotatoria.

Además, los integrantes de ese Órgano, deberán ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia profesional mínima de cinco años; y título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades de esta instancia.
De igual forma, tendrán que contar con una antigüedad mínima de cinco años; y no estar inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenadas por delito doloso con sanción privativa de la libertad.
Andrés Atayde Rubiolo, coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jugopo)en el Antiguo Palacio de Donceles, aclaró, en entrevista para Donceles, que el voto en contra de los 15 integrantes de su bancada, “no fue por la persona, a quien consideramos muy preparada y digna del cargo por el que fue propuesta, sino que estamos en contra que, con estas reformas al Poder Judicial, al desaparecer el Consejo Judicial, socavan la independencia judicial”, señaló.
Además, sostuvo, abren la puerta a la corrupción y el abuso de poder y, sobre todo, constituyen una “captura” del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y sus intereses políticos, especialmente al plantear la elección popular de jueces y magistrados.
Destacó que, como lo ha señalado su líder nacional, Jorge Romero Herrera, Acción Nacional argumenta que tales reformas debilitan el equilibrio de pesos y contrapesos y buscan someter el Poder Judicial al Gobierno, por lo que sus razones son, entre otras cosas:
Debilitamiento de la independencia judicial: la reforma es una violación del sistema de pesos y contrapesos, que garantiza un equilibrio entre los poderes del Estado, y que el equilibrio de estos poderes es esencial para un sistema judicial independiente y objetivo.
Riesgo de corrupción y abuso de poder: Preocupación de que la desestabilización del sistema judicial y la potencial elección popular de jueces y magistrados, puedan generar riesgos de corrupción y abuso de poder.
Sometimiento y cooptación: Considera que las reformas buscan la “cooptación” y el “sometimiento” del Poder Judicial, lo que significa que este poder quedaría bajo el control del Ejecutivo y sus aliados políticos.
Enfoque en la elección de jueces: Con la elección popular de jueces y magistrados, el Poder Judicial será partidizado y de tener un trasfondo para capturarlo con fines clientelistas.
Asimismo, Atayde Rubiolo recordó que las propuestas y acciones de su partido, como lo han sido todo este tiempo, son: Cancelación de elecciones judiciales, para evitar improvisaciones y deficiencias en el sistema judicial; y Creación de una comisión de vigilancia, para asegurar la preparación y honestidad de los jueces.
“Pero definitivamente, te repito, no votamos en contra de la abogada Sara Alicia, sino por la forma en como hace las cosas del Gobierno, pues está ensimismado en controla el Poder Judicial, sin importar los riesgo y costos”, sostuvo.
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