La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó su estrategia para combatir el delito de extorsión y de cobranza ilegítima, mejor conocida como “gota a gota”.

Aunque para ello, anunció que enviará esta semana una iniciativa de ley para reformar el Código Penal, que tiene como propósito aumentar la pena de los delitos mencionados.

Además, implementará una línea antiextorsión (5550363301), que será atendida por el C5, así como un «chatboy» -que aún está en desarrollo- a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

También, informó que creará una coordinación general de atención a casos de secuestro y extorsión, además de la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión.

Así como también habrá una campaña publicitaria de prevención, que señala las tres “c”: calma, cuelga y comunícate; brindarán mil talleres y pláticas preventivas dirigidas a integrantes de redes vecinales, comerciantes y sectores, como el empresarial y otro tipo, con el propósito de orientarlos sobre qué deben de hacer, cómo deben de actuar y cómo pueden estar coordinados con el gobierno.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina apuntó que en materia legislativa busca fortalecer el marco jurídico penal, principalmente, en el tema de extorsión, para que “de ser un delito que sólo ataña el patrimonio también contemple el daño que causa en la dignidad, en la integración, integridad física o psicológica de las personas”, dijo.

Destacó que su propuesta, es que  ahora la extorsión pueda perseguirse por oficio; y lanzó un llamado al Congreso de la Unión para que tipifique como grave este delito.

Añadió que busca modificar el artículo 148 Quater, donde quedará que la pena para este ilícito será de 10 a 15 años de prisión y multa de 217 mil a 325 mil pesos.

Asimismo, sostuvo que esta penalidad aumenta al doble si se cae en alguno de los 14 agravantes, como son: se realice por persona servidora o exservidora pública; se realice por un miembro o exmiembro de una empresa de seguridad privada; se cometa utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica; se cometa empleando imágenes, mensajes escritos, audios o vídeos de contenido sexual, sean reales o editadas; se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social; entre otras.

Mientras que, Brugada Molina señaló que la modalidad “gota a gota”, consiste en los cobros de deudas por medios ilícitos o por actos de hostigamiento o intimidación.

Para éste ilícito,  dijo, propone  adicionar el “Capítulo IX»,  denominado Cobranza ilegítima Modalidad Gota a gota, así como el artículo 148 quinquies, el cual señala que la sanción será el mismo que la extorsión, 10 a 15 años de prisión y multa de 217 mil a 325 mil pesos.

“El gran objetivo es que la población sepa que se va a atender las 24 horas este tema los 365 días del año. No queremos dar tregua para combatir este delito y, con esta estrategia, vamos a detener y desalentar estas prácticas, que se han convertido en un flagelo para los habitantes de la Ciudad de México”, puntualizó.

Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, expresó que una vez que sea reportado un caso se dará respuesta inmediata, que consorte en evaluación del nivel de riesgo, recomendaciones prácticas y seguras, desactivación de la amenaza, asesoría jurídica y psicológica según corresponda, y acompañamiento para formalizar tu denuncia.

Manifestó que la víctima podrá recibir las siguientes medidas, acorde a la evaluación de riesgos de las autoridades ): asesoría en manejo de crisis, instalación de botón de pánico, resguardo y visita a negocios y establecimientos mercantiles.

De igual forma, prevén la instalación de cámaras, revisión de cámaras aledañas de la red del C5, asesoría para la instalación y manejo de la App «Policía en mi Negocio», y la
incorporación de negocios a la red local de combate a la extorsión (chats y reuniones).

Refirió que de manera adicional, fortalecerán las aduanas de los Centros Penitenciarios y revisiones aleatorias de estancias y dormitorios, en coordinación con la Secretaría de Marina, para asegurar dispositivos e instalación de los inhibidores.

Reveló que en lo que va del año, han detenido a 305 personas por diversos tipos de extorsión y lograron el aseguramiento de dos mil 510 dispositivos telefónicos en los Centros Penitenciarios.

También, comentó, han atendido mil 874 casos de llamadas de extorsión telefónica, a través de la Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión.

Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López, reconoció que hay muy bajo nivel de denuncia, pues no hay más de tres mil 500 carpetas.

A su vez, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que en la línea antiextorsión se responde en no más de cinco segundos, y es atendida por 15 operadores, «aunque tiene la capacidad para contestar 480 llamadas diarias”, aseguró.

En el evento también estuvo presente el titular de la secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero , así como la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas.


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