Pensión mensual para huérfanos por accidentes de conductores ebrios: PVEM

Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte en el mundo, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta León, propuso adiciones al Código Penal y a la Ley de Víctimas, para que los conductores en estado de ebriedad que provoquen la muerte de una persona, además de indemnización, paguen una pensión mensual a las hijas e hijos (menores de edad) de sus víctimas mortales.

Para ello, la también vicecoordinadora del PVEM detalló en su iniciativa debe adicionarse el artículo 140 bis al Código Penal local y el artículo 67 bis a la Ley de Víctimas capitalino, “en materia de reparación del daño a favor de hijas, hijos y dependientes económicos de víctimas de homicidio culposo por conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”, aclaró.

Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles la pevemista reconoció que actualmente la Constitución federal y local contempla la reparación del daño, “pero en la práctica ésta suele limitarse a una indemnización única, la cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de largo plazo de niñas, niños y adolescentes que dependían económicamente de la víctima”, señaló.

“Lo que estamos proponiendo, es que la reparación del daño sea real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de quienes se quedan”, destacó desde tribuna la también presidenta a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino.

Detalló que en México, los accidentes de tránsito representan un problema significativo de salud pública y seguridad vial, pues de acuerdo con datos nacionales, alrededor de 15 mil 700 personas mueres cada año como consecuencia de siniestros viales, lo que coloca a estos hechos entre las principales causas de mortalidad.

Asimismo, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que cada año se registran cientos de miles de incidentes viales en zonas urbanas, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad vial y protección a las víctimas.

Mientras que en la Ciudad de México, comentó Peralta León, la problemática también presenta cifras relevantes, ya que tan solo en 2024 ocurrieron alrededor de 750 personas fallecidas por choques, atropellamientos y otros hechos de tránsito, lo que representa uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.

Además, datos de la Secretaría de Movilidad indican que durante el año 2024, contabilizó más de 60 mil accidentes viales en la ciudad, lo que demuestra la magnitud del problema en materia de seguridad vial.

Estudios sobre seguridad vial en la capital, también han señalado que la tasa de mortalidad por colisiones de tránsito se ha estimado en alrededor de 11 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, lo que refleja el impacto que este tipo de siniestros continúa teniendo en una de las zonas urbanas más grandes del mundo.

“Estas cifras evidencian que los siniestros de tránsito, no sólo generan consecuencias en términos de seguridad pública y movilidad urbana, sino también profundos efectos sociales y económicos para las familias de las víctimas, particularmente cuando la persona fallecida representaba el sustento económico del hogar”, denunció la pevemista.

Lo más lamentable de esta situación, insistió Paralta León, es que las hijas, hijos o dependientes económicos, pueden enfrentar condiciones de vulnerabilidad económica que afectan su bienestar y desarrollo, “por lo que hoy proponemos que la reparación del daño sea real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de quienes se quedan”, enfatizó.