Luego de constantes agresiones, demandas y acusaciones de todo tipo, este lunes el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, decidió responderle a su antecesor y actual diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo (que se dice) «de Vivar Guerra.

El panista presentó una denuncia penal en contra del ex alcalde en esta demarcación y su ex director Jurídico, por los delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones, al permitir la demolición, «sin permisos», de una obra en el predio ubicado en Moliere 88, inmueble que está bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017.

De acuerdo con el Código Penal local las sanciones por el ejercicio abusivo de funciones van de cinco a 20 años de prisión, pena que podría aumentar en dos terceras partes en caso de acreditarse la comisión de los actos de corrupción denunciados. Ahora falta que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) proceda confirma a derecho.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la FGJ, señala la responsabilidad que el entonces alcalde y su director Jurídico por permitir la demolición de ese inmueble.

Tabe Echartea destacó que el entonces alcalde de la demarcación en el periodo 2018-2021, «fue omiso al llamado que la Comisión para la Reconstrucción le hizo en 2019, donde señalaba que la obra debía cumplir con la licencia especial, un programa de demolición del predio, la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros y el programa interno de protección civil, lo que en su momento no fue exigido por estos ex servidores públicos, ya que no existe ningún expediente en archivos de la alcaldía que den cuenta del cumplimiento de estos requisitos», sostuvo el alcalde.

Asimismo, la denuncia consigna la simulación de la verificación de la obra, ya que pese a que en 2020 se emitió una orden para su visita, Romo (que se dice) «de Vivar» Guerra dejó pasar el plazo legal para ejecutarse y caducó, lo que permitió que no se sancionara al desarrollador por la ilegal demolición.

Además, los ex funcionarios permitieron que se realizaran trabajos de demolición sin licencia, cuando es una obligación contar con este requisito previo a que se intervenga el inmueble, situación que era de conocimiento del ex alcalde, pues en octubre de 2019 recibió un oficio por parte de la Comisión para la Reconstrucción del sismo de 2017, señalando los requisitos que tenía que cumplir el desarrollador para llevar a cabo la demolición; sin embargo, no fue hasta un año después cuando emitió la visita de verificación, misma que dejó de resolverse caducando el procedimiento.

Cabe mencionar que el ex alcalde Romo tenía conocimiento de que el Acuerdo de Facilidades Administrativas vigente en 2019, sólo le otorgaba exenciones fiscales al interesado, pero no lo exentaba de tener todas las licencias, permisos y autorizaciones que prevé el Reglamento de Construcciones.


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