Brugada presenta paquete de reformas para atacar violencia contra las mujeres

Al reconocer siete de cada 10 denuncias por violencia familiar corresponden a mujeres y desde 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ha registrado 14 feminicidios cometidos, principalmente, en hoteles, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una serie de reformas al Código Penal local y a la Ley de Establecimientos Mercantiles, orientadas a fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia familiar y abuso sexual, así como para garantizar condiciones de seguridad en esos negocios de hospedaje.

“No basta un decreto para erradicar la violencia patriarcal que viene de siglos (…) hay que actuar. En esta ciudad no nos detendremos, mientras haya un agresor que pretenda seguir lesionando, mientras una vida se apague”, advirtió la Ejecutivo local en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.

Aclaró que estas propuestas, representan ocho de los 10 compromisos que se presentaron a nivel nacional, “por lo que la Ciudad de México es pionera de los avances legislativos contra la violencia hacia las mujeres (…), es pionera en derechos y libertades cuando se trata, en este caso, de avanzar hacia la igualdad sustantiva (…). Este día hacemos un llamado para construir en la Ciudad un territorio libre de violencia hacia las mujeres, donde las mujeres puedan vivir libres y sin miedo, a caminar juntas”, enfatizó.

Explicó que, con este paquete de iniciativas, propone crear un tipo penal específico de violencia familiar entre parejas –con la modificación al artículo 200–, a fin de visibilizar la violencia de género y evitar que se diluya en la categoría general de violencia familiar.

“Y es que siete de cada 10 víctimas en las carpetas de investigación por violencia familiar, son mujeres. Siete de cada 10 denuncias sobre violencia familiar, se trata de violencia hacia las mujeres”, reveló la jefa de Gobierno en conferencia de prensa, donde anunció este paquete de reformas.

Advirtió que su administración actuará contra estas cifras, “que reflejan el gran problema estructural, que hunde sus raíces en este sistema económico, cultural y social, que ha construido una rígida desigualdad de género; un sistema que las feministas hemos denominado como sistema patriarcal”, afirmó.

“La idea es individualizar e investigar con mayor especialización la violencia cometida entre parejas”, explicó en su oportunidad la titular de la FGJ capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Asimismo, destacó la disminución de feminicidios en los últimos cuatro años; cinco en 2022, tres en 2023, tres en 2024 y tres en 2025, además de que los 42 feminicidios registrados de años anteriores, 41 están judicializados, contrario a lo que ocurrió con el delito de violación, que aumentaron 27% las órdenes de aprehensión.

Entre las agravantes propuestas destacan, cuando la víctima sea una mujer embarazada o durante los seis meses posteriores al parto; cuando se use cualquier tipo de arma, si la agresión deja cicatriz permanente en el rostro; si las lesiones tardan en sanar más de 15 días y cuando el agresor tenga antecedentes penales por delitos similares.

Para estas conductas delictiva, aseveró la fiscal, las penas podrían ir de dos a siete años de prisión en casos agravados, además de obligar a los agresores a acudir a talleres educativos con perspectiva de género, como parte de su sanción.

La iniciativa también propone definiciones más claras sobre abuso sexual y actos de naturaleza sexual, a través de una modificación al artículo 176 del Código Penal local.

Alcalde Luján detalló que se entenderá como acto sexual, “cualquier acción que implique contacto físico con el cuerpo de la víctima o que busque involucrarla en conductas de índole sexual, como tocamientos, roces o exposición de zonas erógenas”, dijo.

Entre las agravantes del abuso sexual, incorporarán cuando la víctima sea menor de edad; cuando exista jerarquía o relación de poder; o cuando el delito ocurra en espacios de cuidado, escolares o laborales, entre otras.

Sobre el acoso sexual, la propuesta establece que no requiere contacto físico, y se incorporan agravantes si ocurre en entornos laborales, domésticos, educativos o deportivos; también, tipifica de manera autónoma el acoso sexual digital, dirigido especialmente a proteger a niñas, niños y adolescentes, “pues la pasividad de la víctima nunca podrá interpretarse como consentimiento”, subrayó.

Agregó que, con el avance de las comunidades digitales, la violencia también ocurre en las redes sociales, por lo que propone modificar el artículo 179 bis, para perseguir de oficio el acoso sexual digital contra menores de edad.

Por esta conducta, impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 500 a 1,000 días multa contra quien cometa este tipo de delitos haciendo uso de medios tecnológicos, informáticos, de radiodifusión o de transmisión de datos, contacte o intente contactar a una persona menor de 18 años, o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

“La pena aumentará hasta en una mitad, cuando el sujeto activo se hace pasar por menor de edad, servidor público, docente o persona de confianza o cometa el delito a través de la manipulación tecnológica”, comentó la abogada de la Ciudad de México.

De igual forma, Brugada Molina propone reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo, para evitar feminicidios, transfeminicidios y delitos relacionados con trata infantil.

Entre los cambios destacan, el registro obligatorio de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el parentesco con la persona adulta que los acompaña.

“Se obligará a los hoteles y moteles que realice un registro detallado de con quien entran los niños acompañados”, con lo que pretende combatir el delito de trata de menores, detalló en su oportunidad la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas.

“Este paquete tiene dientes”, afirmó Cruzvillegas, al señalar que las multas podrán ir desde mil hasta 10 mil unidades de cuenta, además de clausuras temporales o definitivas, y la aplicación de extinción de dominio en casos graves.

El paquete legislativo será enviado en los próximos días al Congreso de la Ciudad de México, donde los diputados locales iniciarán su análisis, discusión y, según sea el caso, aprobarlos.