Gobierno federal impulsa sistema universal de salud, sin desaparecer IMSS e ISSSTE

La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Bertha Gómez Castro, sostuvo que México camina a la transición de un sistema universal de salud, que integre a las distintas instituciones públicas de este sector, sin que esto signifique la desaparición del IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE, “pues estas instituciones tienen responsabilidades más allá de la atención a la salud, como son: las pensiones, entre otras”, comentó.

Así quedó establecido durante la reunión de trabajo que sostuvo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2026.

Ante los legisladores federales, la funcionaria dejó en claro que esto tiene como propósito, “que no haya restricción ninguna, para que una persona sea atendida en cualquier unidad médica de cualquiera de estos sistemas”, aseguró.

Esta medida, “se refiere única y exclusivamente a la atención médica de la persona; es decir, que una persona pueda ser atendida de acuerdo con la urgencia, necesidad que tenga en cualquiera de los sistemas de salud, con independencia de que tenga o no tenga la derechohabiencia. Esto es de lo que se trata, para nada desaparece el IMSS, ni el ISSSTE, ni sus responsabilidades que tienen con los trabajadores o afiliados más allá de los servicios de salud”, puntualizó.

Gómez Castro señaló que los recursos destinados a la salud para este año alcanzan los dos mil 457 millones de pesos, “cifra superior en 6.4% al autorizado para el presente año”, comentó.

Y es que, añadió, con esto “se busca garantizar el mantenimiento y equipamiento de unidades médicas, ampliar la capacidad hospitalaria y el personal médico y de enfermería, así como el abasto oportuno de insumos y medicamentos para la atención de la población”, destacó.

De igual forma, afirmó que, sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, los ingresos serán transparentados y destinados a la atención de la salud, esto sin necesidad de crear un fondo específico.

Al ser cuestionada sobre el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la subsecretaria explicó que, aunque su fideicomiso fue creado en 1999 y recibía montos limitados hasta 2020, fue hasta el 2021 cuando se incrementaron considerablemente los recursos asignados.

Aclaró que estos recursos no desaparecen, ni se destinan a otros fines, sino que son administrados y ejercidos directamente por las áreas responsables para atender contingencias, agilizando su entrega a afectados.

Lo anterior, precisó, ha permitido reducir de 36 días hábiles para entrega de recursos a una respuesta prácticamente inmediata para apoyar a las familias afectadas.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación, del 2010 al 2013, detectó irregularidades por mil 734 millones de pesos, por lo que se ha optado por entregar apoyos directos a los damnificados sin intermediarios, asegurando mayor transparencia y eficiencia en la gestión.

Detalló que para el 2026, estiman recursos para este fin por 19 mil 430 millones de pesos.

Comentó que de este fondo, otorgaron 80 millones de pesos para atender los eventos ocurridos –entre el 6 y 10 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis–, y que se utilizaron en la compra de despensas.

De igual forma, señaló, la Secretaría del Bienestar es quien tiene el mayor gasto hasta este momento de ese fondo, que ya alcanza poco más de cuatro mil 500 millones de pesos, para apoyar a la población en situación de emergencia derivado de eventos ocurridos como: el huracán Eric en los estados de Guerrero y Oaxaca; y las intensas lluvias e inundaciones en el Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Reitero que el presupuesto de egresos, fue formulado bajo los principios del humanismo mexicano para la prosperidad compartida, lo que significa que se coloca el bienestar de todas y de todos en el centro de las políticas públicas.

Apuntó que se fijó como objetivo reordenar con evidencia los programas presupuestarios que mostraban duplicidades, dispersión y fragmentación del gasto, limitando en consecuencia su impacto social en la población.

“La instrucción de la presidenta ha sido clara, mantener un equilibrio sostenible entre ingresos y gastos y reducir gradualmente el déficit”, enfatizó.