Avanza designación de Nashieli como nueva titular de la SCG

Por unanimidad, los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y la de Rendición de Cuentas del Congreso capitalino, determinaron elegir a Nashieli Ramírez Hernández –actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local–, como nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México, al establecer los legisladores que “es la mejor calificada de los tres perfiles propuestos”.

El presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, Víctor Hugo Romo (que dice ser) “de Vivar” Guerra, indicó que la decisión se derivó de la evaluación de las cédulas y las entrevistas que se llevaron a cabo ayer miércoles, donde en primer lugar se ubicó a la ombudsperson; en segundo, Elena Ramos Arteaga; y, en tercero, Misael Martínez Vielma.

Con ello, el dictamen aprobado en Comisiones Unidas será presentado al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, para que lo incluya en el orden de trabajo del próximo martes, a fin de que sea presentado y discutido ante el Pleno, para su posible aprobación y, en consecuencia, su toma de protesta.

Cabe destacar que durante su entrevista, Nashieli Ramírez resaltó que su propuesta busca contribuir a gobernar desde el territorio, no desde un escritorio, con un gobierno honesto y que garantice certeza jurídica a la ciudadanía y las empresas.

Además, enfocó sus propuestas en asegurar la legalidad y eficiencia del ejercicio del gasto público, luchar contra la impunidad, lograr una relación de gobierno abierto con la ciudadanía, contraloría social, formas de participación ciudadana y desarrollo organizacional.

De igual comentó sobre la necesidad de asegurar la legalidad y eficiencia del ejercicio del gasto público, luchar contra la impunidad, lograr una relación de gobierno abierto con la ciudadanía, contraloría social, formas de participación ciudadana y desarrollo organizacional.

Asimismo, consideró que es necesario incorporar una perspectiva de derechos humanos en los procesos de fiscalización.