La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, y la diputada local de ese partido, Laura Álvarez Soto, encabezaron una “clausura ciudadana” simbólica en Azcapotzalco, acompañadas por vecinos que manifestaron su preocupación por una obra señalada como irregular y de alto impacto.

La legisladora subrayó que, antes de acudir a la calle, agotó la vía institucional: desde el Congreso se presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, en el que solicitó dos cosas:

1.- Una mesa de trabajo con la alcaldía Azcapotzalco, en coordinación con las secretarías de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como del Medio Ambiente, con la participación de liderazgos vecinales, la empresa desarrolladora “Quierocasa”, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, junto con las secretarías de Obras y Servicios (Sobse), de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

2.- Que atiendan la problemática causada por el megaproyecto y garanticen la transparencia y legalidad en el procedimiento de autorización del proyecto inmobiliario.

Sin embargo, denunció la legisladora panista, “los diputados del partido oficial se negaron, no lo consideraron urgente, le dieron la espalda a los vecinos. Tomaron una decisión partidista y resolvieron con un criterio político algo que debería ser estrictamente técnico. A la fecha no hay respuestas, ni acciones eficaces. Por eso decidimos venir aquí, a la calle, que es de todos, a exigir que la autoridad actúe y que los vecinos sean escuchados”, señaló Álvarez Soto.

Entre las razones de la preocupación, los vecinos colindantes destacaron que se trata de un desarrollo de alto impacto en una zona con presión hídrica, drenaje y movilidad al límite, además de dudas fundadas sobre el uso de suelo al que tiene derecho.

Por su parte, la líder del blanquiazul capitalino señaló: “La corrupción nace, crece y se gesta en el Gobierno de la Ciudad en materia inmobiliaria, lo que ha faltado lo han hecho junto con las alcaldías gobernadas por Morena”.

Por ello, lamentó el silencio administrativo, “pues lo mínimo que pedimos es claridad jurídica y transparencia. Nadie busca frenar el desarrollo, pero debemos garantizar que se construya con apego a la ley y con seguridad respecto a los servicios que recibirá la gente de esta demarcación”, exigió.

Para la panista, la corrupción inmobiliaria atribuida a Morena, ha posibilitado que en el Congreso de la capital se aprueben modificaciones a uso de suelo, que el gobierno emita certificados y las alcaldías agilicen demoliciones y cuenten con permisos para, como en este caso, construir de la noche a la mañana ocho torres con 10 pisos, donde antes solo había tres inmuebles con cuatro pisos. Se construirán 639 departamentos con un impacto negativo para 37 mil vecinos que padecen falta de agua, hundimientos y servicios colapsados.

Sin embargo, por el silencio de las autoridades, los vecinos anunciaron que mantendrá la clausura ciudadana simbólica, como recordatorio de que existe una comunidad informada y atenta, y que el seguimiento continuará por la vía institucional.

“La autoridad tiene la palabra. Insistiremos en que nos responda. En Azcapotzalco merecemos obras legales, responsables y viables. Los vecinos tenemos derecho a exigirlas”.


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