
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina exigirá y priorizará la reparación integral del daño, para cada una de las familias que resultaron damnificadas por la explosión de una pipa de gas LP, de la empresa Silza, en el puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.
Así lo afirmó esta mañana la titular de esa dependencia, Bertha Alcalde Luján, al explicar que independientemente del fallecimiento del conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan, a fin de deslindar la responsabilidad de los involucrados, luego de revisar las condiciones operativas de la pipa y el cumplimiento de la normatividad de tránsito.
Sostuvo que los delitos que se configuran a partir de este accidente, son: homicidios culposos, lesiones culposas y daños a la propiedad culposos, para los cuales establecen diferentes salidas, que van desde el acuerdo reparatorio a la vinculación a proceso y sentencia, con las penas correspondientes.
Alcalde Luján aclaró que este proceso se hará de acuerdo con la decisión que tomen las víctimas y los familiares de las víctimas, pues en 42 de los casos, ya están las querellas correspondientes, para continuar con la investigación.
La abogada de la Ciudad de México detalló que la empresa, a través de sus apoderados legales, ya declaró y manifestó su disposición a hacer la reparación del daño a las víctimas, a través de la aportación de recursos propios y de cuatro pólizas de seguro que están vigentes.
Comentó que la pipa venía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac, cuando en su trayecto chocó en dos ocasiones contra las barreras laterales antes de volcar en las inmediaciones del puente de La Concordia.
A ocho días de la tragedia, dijo, que hasta el momento ha dejado 20 decesos y 64 heridos, 31 de ellos aún siguen hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que creará un Comité de Solidaridad con las víctimas, con el propósito de recibir y distribuir donaciones económicas para las personas que resultaron afectadas.
Para ello, señaló, invitará a un representante de la ONU, de la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios, personalidades reconocidas y del Gobierno de la Ciudad de México, en este caso, la titular de la Secretaría de Bienestar, Araceli Damián, para que se integren a este comité.
Añadió que ha solicitado a la Fiscalía capitalina agilizar el proceso penal, por lo que reiteró su compromiso con las familias afectadas de garantizar que haya justicia.
Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, detalló que, de las 31 personas que reciben atención médica, 30 se encuentran en 10 hospitales de la Ciudad de México y una más, la bebé de dos años, que fue trasladada a Galveston, Texas, Estados Unidos.
Explicó que de los 30 hospitalizados en la ciudad, 16 se encuentran muy graves, cuatro graves, seis estables y cuatro delicados que, según el parte médico, están mejorando.
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