Brugada simplifica permisos para construir vivienda social

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social Pública y/o Asequible, que rompe los muros burocráticos y agiliza la expedición de trámites ante diversas dependencias para la construcción de este tipo de inmuebles, con lo cual reducen los tiempos de respuesta en 85%.

En el evento realizado en la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas que enfrenta mayor tensión inmobiliaria, la mandataria capitalina recordó que el proceso para obtener vivienda social dura más de cuatro años, pero a partir de ahora los trámites más importantes tomarán en promedio cuatro meses, en favor de las personas que más lo necesitan y de sectores vulnerables.

“Estamos dando a conocer esta simplificación de trámites. Porque es un golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias. Entonces, ya lo que vienen las próximas semanas, es la definición de proyectos estratégicos en las zonas de tensión inmobiliaria”, afirmó.

Explicó que con este gran acuerdo, la mayoría de los trámites para vivienda social bajan a 15 días en promedio. Por ejemplo, detalló, la evaluación de impacto ambiental pasa de 40 días hábiles a un día en los predios donde no haya arbolado, mientras que la gestión del programa interno de protección civil pasa de 120 a 10 días naturales.

“Este acuerdo es un paso gigante para la construcción de una ciudad justa, democrática, sustentable, una ciudad que dé prioridad a la vivienda pública y asequible”, destacó.

Además, la titular del Ejecutivo local precisó que la emisión de facilidades administrativas se inicia con el sector de vivienda social, priorizando a la gente que ha sido expulsada.

Resaltó que el gobierno ya cuenta con todos los elementos para avanzar en la producción de vivienda popular en zonas céntricas y accesibles, pues hay proyectos, un presupuesto histórico de nueve mil millones de pesos para 2025 y el acuerdo de simplificación administrativa.

Desde el inmueble de la calle Doctor Gilberto Bolaños Cacho 22, la mandataria capitalina detalló que este inmueble tendrá 27 departamentos en arrendamiento con precios bajos, y estará equipado con ecotecnias para captar agua de lluvia, calentadores solares y cumplirá con 41% de área libre.

“Si no empezamos con un proceso que detenga el crecimiento de rentas, la expulsión de gente en el centro en esta zona de la ciudad, en pocos años estaremos viendo los negativos resultados que se ha tenido en otras colonias”, dijo.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, comentó que las facilidades administrativas otorgadas por todas las dependencias del gobierno beneficiarán los procesos públicos de vivienda que lleva a cabo la actual administración, así como los del gobierno federal y de las instituciones nacionales de vivienda.

Señaló que la serie de facilidades –que se publicarán en una edición Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México–, tiene el objetivo de impulsar la construcción de vivienda digna y asequible para los grupos de atención prioritaria.

En el caso de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá emitir la opinión de valor de los predios en un mes y no en cuatro meses, como ocurría hasta ahora, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) otorgará la factibilidad de servicios en 10 días hábiles y no en 80.

Para la Evaluación de Impacto Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se reducen a un día hábil, “si no hay arbolado o si los predios no son colindantes con áreas naturales protegidas, y en caso de que haya, se procurará desahogar los procesos en 15 días naturales”, refirió.

Muñoz Santini añadió que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropolis), agilizará la emisión de alineamientos, números oficiales, licencias de fusión y subdivisión; el Instituto de Seguridad para las Construcciones emitirá los dictámenes de seguridad estructural en 15 días naturales en lugar de 225.

Manifestó que “todos los documentos relacionados con los procesos de vivienda, salvo aquellos que tengan alguna determinación legal específica, mantendrán la vigencia suficiente para que los trámites se concluyan; es decir, para que no caduquen a la mitad del proceso y se tenga que volver a empezar”, sostuvo.