
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que enviará la próxima semana al Congreso local una iniciativa de reformas al Código Penal, para incrementar hasta en 100% las penas por el delito de despojo, por lo que el castigo será hasta por 22 años de prisión.
Actualmente, este ilícito se penalizado de cinco a 10 años de presión, aunque se incrementa de seis a 10 años de prisión, pero con la propuesta de la Ejecutivo local, el castigo será de 11 a 22 años de cárcel, cuando se realice con agravantes, detalló la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.
Detalló la dependencia que esta última pena, será aplicada cuando en la comisión del ilícito se realice de manera violenta o por simulación de actos legales, contra la administración pública o con fines de lucro.
Asimismo, considerará como agravante la participación de notarios públicos en actos simulados de compra-venta, y cuando el predio despojado esté considerado como área natural protegido.
De igual forma, establece el delito de despojo equiparado, cuando el ocupante de un inmueble no lo restituya a su legítimo propietario en el momento que sea requerido; así como contra aquellas personas que valiéndose de un cargo público o representación sindical o social participe u obtenga algún beneficio de un acto de despojo.
Aunado a ello, Brugada Molina enviará al Congreso capitalino propuestas de modificación a las leyes del Registro Público de la Propiedad y Registral para la Ciudad de México.
Según datos de la FGJ, en lo que va del presente año –hasta este 15 de julio–, existen dos mil 545 denuncias por despojo, lo que significa un incremento de 8% con relación al año anterior y el ilícito se comete principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, reporta que de enero al 27 de julio ha detenido a 94 personas por este delito, además de que ha recuperado 265 inmuebles, de los cuales ha devuelto 196 a sus legítimos propietarios.
Como parte de las reformas al artículo 237 del Código Penal, también incluirán agravantes de daños al inmueble, como forzar cerraduras y ventanas o la simulación de actos jurídicos efectuados por personas, servidores públicos o notarios y sus ayudantes.
Otras agravantes serán cuando las víctimas sean menores de edad, embarazadas, adultos mayores o integrantes de comunidades indígenas y cuando el despojo sea en contra de bienes públicos.
También, propondrá la creación del nuevo artículo 238 bis, para crear delitos equiparados al despojo, como la resistencia al desalojo de un inmueble, cuando lo mandate una autoridad competente o cuando participen indirectamente servidores públicos, sindicatos o grupos delincuenciales.
La estrategia incluye reformas a las leyes de Registro Público de la Propiedad y Comercio y la Ley Registral para la Ciudad de México para prevenir trámites fraudulentos, incluidos los notariales.
Todo ello quedó establecido durante el evento, donde la jefa de Gobierno encabezó la presentación de la estrategia contra despojos, en la que se incluye el endurecimiento de las penas contra quienes cometan este delito, con penas que van de seis a 22 años de prisión y sin derecho a fianza.
La mandataria capitalina dio a conocer, de manera formal, la instalación del Gabinete de Prevención y Atención de Despojos, encabezado por el secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto Romero, y cuenta con la participación de la FGJ, el Poder Judicial, de la SSC y otras 10 dependencias del Gobierno capitalino.
“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Reiteramos que es un espacio interinstitucional, que nace con el propósito de proteger a las personas, a su patrimonio”, destacó la funcionaria.
Por su parte, la titular de la FGJ, Berta Alcalde Luján, detalló que la iniciativa de ley para endurecer las penas por el delito de despojos se basa en varias acciones legislativas: Reformas al artículo 237 del Código Penal; dos, Inclusión de nuevas agravantes cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables, entre los que ya se incluyen a menores de edad, mujeres embarazadas, ascendentes, entre otras.
Además, la iniciativa contempla un delito equiparado, para incluir en el artículo 238 la ilegítima posesión del inmueble, en caso de que el ocupante no lo restituya o se niegue a entregarlo a la autoridad; Fortalecimiento de la Fiscalía contra el despojo; Será perseguido de oficio; es decir, será perseguido sin que exista una denuncia por parte de la víctima.
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