Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Participación Democrática y Ciudadana del Congreso local, aprobaron extender el plazo de compromiso del gasto hasta el 15 de diciembre, para los proyectos derivados de la consulta del Presupuesto Participativo 2025.

Dicha acción fue a propuesta de una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que busca reformar el artículo IX transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres Guadarrama, explicó que este dictamen amplía de manera extraordinaria los plazos para que las alcaldías puedan comprometer los recursos del Presupuesto Participativo 2025 hasta el 15 de diciembre, en respuesta a una circunstancia excepcional, derivada de la reforma Constitucional en materia judicial para renovar a las personas juzgadoras.

“Como consecuencia, la consulta ciudadana sobre el Presupuesto Participativo fue programada para celebrarse el tercer domingo de agosto. Este ajuste al calendario entra en contradicción con los dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Austeridad, que establece como fecha límite el 31 de octubre, para comprometer recursos destinados a obra pública, y el 15 de noviembre para otros conceptos de gasto, lo que no daría a las alcaldías el margen operativo suficiente para ejecutar adecuadamente los proyectos votados por la ciudadanía”, señaló.

Precisó que esta reforma no vulnera el principio de anualidad presupuestal, en tanto que no propone ejercer recursos fuera del Ejercicio Fiscal, sino simplemente, extender de manera extraordinaria el plazo para comprometerlos, dentro del mismo ejercicio presupuestario, exclusivamente para los proyectos aprobados mediante consulta ciudadana, “como medida proporcional, razonable y estrictamente acotada en el tiempo”, argumentó.

Por su parte, el diputado local del PAN, Diego Garrido López, vicepresidente de la misma Comisión, planteó una reserva para que la ejecución de proyectos se extienda hasta el 31 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la implementación de acuerdos ciudadanos, aplicación del gasto público y conclusión de procedimientos administrativos, comunitarios y técnicos derivados de la consulta ciudadana de agosto del 2025, la cual –como ocurre a toda propuesta de la oposición, sobre todo, del PAN–, fue desechada.


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