Como un acto de justicia para las infancias, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó este jueves la lista de 1,500 deudores alimentarios de la Ciudad de México, la cual será pública y, según ella, “de fácil acceso” para su consulta, aunque para ingresar es necesario poner la fecha de nacimiento del demandado, además del nombre y apellidos.

Sin embargo, durante horas se dificultó ingresar a dicha lista, dado que el sistema marcaba “error”. Posteriormente, una vez que se logró ingresar, aparecían nombres sin apellidos o con la leyenda “Sin”, lo cual no fue explicado por la autoridad.

“La convicción que tenemos es firme: los deudores no pueden ser anónimos, por eso decimos que este es un acto de justicia, porque en esta ciudad no debe haber lugar para la impunidad y mucho menos cuando se trata de garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo la funcionaria.

Incluso, Brugada Molina anunció que las personas de dicha lista no podrán acceder a cargos de representación popular, obtener pasaportes o realizar trámites notariales claves, ni salir del país, si no están al corriente con sus obligaciones alimentarias.

Aseveró la Ejecutivo local que se trata de una herramienta de transparencia, ya que, advirtió, si se mantiene en las sombras y el anonimato, pareciera que se da lugar a su normalización.

“Se trata de mandar una señal firme, de que en esta capital las obligaciones alimentarias no son opcionales, son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no se puede eludir”, destacó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina resaltó su interés por garantizar el bienestar de las infancias, para ello es fundamental que los padres de niñas, niños y adolescentes cumplan con su responsabilidad.

“Necesitamos lograr que los padres también cumplan, así que bajo esta perspectiva y nuestro compromiso de transformar esta ciudad, que sea cada día más justa, más igualitaria y más humana, se ha generado un sistema accesible y eficaz que garantice el derecho a la ciudadanía de la consulta pública del registro de deudores alimentarios morosos de la Ciudad de México sin importar su condición de género”, dijo.

A su vez, Eréndira Cruzvillegas, titular de la Consejería Jurídica, afirmó que al existir un interés público, es factible que se haga oficial la publicación formal de este tipo de datos.

“No es un punto de partida, ni tampoco un punto de llegada. Es un esfuerzo que tiene que ir avanzando y aprecio mucho que estemos aquí un gabinete también de feministas”, sostuvo.

Brugada Molina insistió que esta lista de deudores alimentarios estará disponible en la página web del Registro Civil de la CDMX, en la siguiente dirección: deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx

“Con eso, se quitan todas las demás exigencias que limitaba el acceso a esta información, así que de manera inmediata se emite la información sobre la persona tiene o no una deuda alimentaria”, indicó al presentar la plataforma.

Por su parte, la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, de la Colectiva Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios e impulsora de la “Ley Sabina”, denunció que la omisión institucional ha permitido que miles de casos de pensión alimenticia sigan sin resolverse, perpetuando la impunidad y la injusticia contra millones de niñas y niños en el país.

En representación de las mujeres que luchan por este derecho, agradeció a quienes han hecho posible avanzar en el reconocimiento de la llamada “ciudad de los cuidados”, en especial a la jefa de Gobierno y a la consejera jurídica.

Asimismo, hizo un llamado a la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, para brindar sensibilidad, acompañamiento y seguimiento a los casos de mujeres que exigen el cumplimiento de sus derechos.

Por ello, propuso, además, la creación de un programa especial para madres autónomas, que permita dar seguimiento puntual y establecer un registro formal de estos casos.

Cabe destacar que con esta acción, la Ciudad de México se convirtió en la tercera entidad del país, después de Coahuila y Oaxaca, en hacer público el Registro de Deudores Alimentarios, una medida que, de acuerdo con la jefa de Gobierno busca erradicar la impunidad en los casos de violencia económica contra niñas, niños y adolescentes.

Brugada Molina aclaró que este registro, no es una sanción arbitraria, sino una herramienta de transparencia, porque cuando se mantiene al deudor alimentario en las sombras, se normaliza.

“Por eso es importante alzar la voz y condenarlo. Las obligaciones alimentarias no son opcionales; son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no se puede eludir (…) hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo”, expresó.

Comentó que este listado será actualizado periódicamente y en cuanto un deudor cumpla con sus obligaciones será eliminado; sin embargo, en caso de reincidencia, volverá a ser incluido.

Además, emitirán un certificado de no inscripción en el registro, útil para trámites legales o administrativos en los que sea necesario demostrar que la persona está al corriente en sus obligaciones alimentarias.


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