PRI propone hasta 7.5 años de prisión por ‘pinchazos’ en el transporte público

La coordinadora del PRI en el Congreso local, Tania Larios Pérez, propuso tipificar como delito los “pinchazos” en el Metro, Metrobús u otro medio de transporte, cuyos responsables podrían ser acreedores a una sanción de hasta 7.5 años de prisión.

Al hacer uso de la tribuna, la líder del tricolor en el Antiguo Palacio de Donceles explicó que busca que este delito quede en el Código Penal, como “sumisión química por pinchazo”, que es conocido como “needle spiking”.

Expresó que esta acción ilegal, “consiste en la administración no consentida de sustancias químicas, como la ketamina, el gamma hidroxibutirato (GHB) o la benzodiacepina, mediante una aguja hipodérmica, utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo”, señaló.

Contrario a lo que aseguran los diputados de Morena, la priista recordó que desde hace unas semanas se han reportado 41 casos de “pinchazos” en el Metro, “lo que se ha convertido en un problema urgente de resolver”, comentó.

“La gran problemática para la efectiva investigación y posterior sanción de esta conducta, radica en la ausencia del tipo penal que determine estrictamente los elementos de la conducta antisocial objeto del presente instrumento”, puntualizó.

Pese a ello, destacó, su iniciativa propone que una pena de hasta 7.5 años, por las agravantes en que entraría este delito y que son: cometerlo en contra de grupos vulnerables como lo son niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, integrantes de comunidades y pueblos indígenas, etcétera.

Además, sostuvo, también aplica “cuando existan datos o precedentes que prueben amenazas o cualquier forma de violencia por parte del sujeto activo o que sea cometido a bordo de vehículo particular o del transporte público, quienes lo cometan lo realicen de manera coordinada en grupo, en lugar despoblado o solitario y sea cometido en lugar cerrado o con acceso restringido”, señaló.

Dicha iniciativa fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Martha Ávila Ventura, para su análisis y dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.