Romo propone armonizar la ley para retirar al agresor en casos de violencia de género

Debido a que la violencia en el ámbito familiar, continúa siendo uno de los delitos más denunciados en la capital, con más de 33 mil carpetas de investigación abiertas en 2024, el diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, propuso establecer como medida obligatoria y urgente la desocupación inmediata del domicilio por parte del agresor en casos de violencia familiar o de género.

Para ello, el morenista presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, “pues esta tipo de ilícitos actualmente representa el 20% del total de delitos denunciados, y evidencia la necesidad de medidas contundentes de protección para las mujeres”, señaló.

Esta iniciativa forma parte del proceso de armonización legislativa con las acciones integrales, que fueron diseñadas e implementadas durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, como jefa de Gobierno, en el marco de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México, por lo que la propuesta de Romo de Vivar Guerra retoma y consolida el enfoque de protección inmediata y eficaz que caracterizó a dicha estrategia.

Entre los avances de aquella gestión, destacó el legislador, fueron la puesta en marcha del Registro de Agresores Sexuales, la Ley Olimpia, el Banco de ADN para uso forense, el fortalecimiento de las LUNAS, y el innovador modelo de Abogadas de las Mujeres, el cual garantiza acompañamiento jurídico especializado en casos de violencia de género.

“Estas políticas públicas han logrado una reducción del 30% en las muertes violentas de mujeres, así como también disminuyeron el riesgo feminicida en 48% de los casos en la Ciudad de México. Nuestro compromiso es consolidar este modelo en la legislación local para que su impacto sea permanente y vinculante”, afirmó Romo de Vivar Guerra.

Explico que su iniciativa establece que las autoridades competentes, deberán ordenar el retiro inmediato del agresor del domicilio, sin importar su situación jurídica respecto a la vivienda, además prevé el uso de la fuerza pública cuando sea necesario, y la medida se mantendrá vigente mientras subsista riesgo para la víctima.

“Este enfoque está plenamente respaldado por los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por los tratados internacionales suscritos por México. No se trata de una ocurrencia, sino de la consolidación de un modelo exitoso que ha demostrado salvar vidas”, aclaró.