Peralta propone estímulos fiscales a empresas que contraten a recién liberados de cárceles

La diputada local del PVEM, Rebeca Peralta León, propuso otorgar estímulos fiscales, sobre todo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a empresas que contraten o tengan en sus nóminas a personas recién liberadas del sistema penitenciario en México, con lo cual contribuirá a su reinserción social y reducir la reincidencia delictiva en el país.

Al presentar una iniciativa ante el Congreso local, para reformar el artículo 186 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la ecologista afirmó que “cada peso invertido en reinserción laboral, se traduce en ahorros significativos para el Estado, al reducir los costos asociados a la delincuencia y la prisión”, dijo.

En México, la realidad es cruda, ya que, de acuerdo con datos del INEGI, solo tres de cada 10 liberados consiguen un empleo formal, aseguró Peralta León, al comentar que esta carencia no solo trunca sus oportunidades de reintegrarse a la sociedad, sino que alimenta un círculo vicioso de exclusión, desempleo, economía informal y, lamentablemente, reincidencia delictiva.

Reveló que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria establece que un alarmante 78% de los liberados, no encuentra empleo formal en su primer año de libertad.

«Esta cifra no es solo un número, es un reflejo de vidas truncadas, familias desamparadas y una sociedad que clama por soluciones», lamentó la legisladora del PVEM.

Desde la tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, la Peralta León dijo que, a nivel internacional, los incentivos fiscales para promover la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario, han demostrado ser una herramienta efectiva en la reducción de la reincidencia delictiva y el fomento de la inclusión laboral.

Citó como ejemplo que en Estados Unidos, el programa Work Opportunity Tax Credit (WOTC), ha generado impactos significativos, pues desde su implementación, este esquema ofrece a las empresas un crédito fiscal de hasta dos mil 400 dólares por cada persona liberada que contraten, resultando en aproximadamente 48 mil empleos anuales para este sector vulnerable y la tasa de reincidencia disminuyó en un 22% en promedio.

Alemania destaca con su enfoque de «empresas sociales», que reciben exención total de impuestos, cuando al menos 30% de su plantilla laboral está compuesta por personas en proceso de reinserción, agregó.

En América Latina, señaló, Chile ha implementado con éxito el programa «Libertad Emplea», que ofrece triple deducción fiscal por las contrataciones de personas liberadas, además de que el Ministerio de Justicia chileno reporta que esta iniciativa ha generado más de ocho mil empleos formales desde su creación en 2018, con una tasa de retención laboral del 68% después de dos años.

La ecologista expresó que, sin embargo, en México este tema aún representa un gran desafío, debido a que los datos sobre empleo a personas recién liberadas son particularmente preocupantes, ya que apenas el 6% de las personas liberadas consigue empleo formal durante los primeros tres meses posteriores a su liberación, mientras que el 72% permanece en situación de desempleo.

Expuso algunas de las barreras estructurales que impiden la contratación de las personas recién ex encarceladas, entre ellas que el 58% de los liberados carece de identificación oficial vigente, pues uno de los requisitos para un gran número de empleos consista en la carta de no antecedentes penales y el 83% de los empleadores manifiesta rechazo a contratar personas con antecedentes penales.

No obstante, subrayó, existen casos exitosos que demuestran la viabilidad de la reinserción laboral, por ejemplo, Grupo Modelo, a través de su programa «Segunda Oportunidad», ha contratado a 284 personas liberadas en los últimos cinco años, con una tasa de retención del 89%.

Insistió en que su iniciativa busca incentivar la contratación de personas recién liberadas mediante beneficios fiscales para las empresas.

Insistió que esta medida no solo generará empleos, sino que también contribuirá a reducir la reincidencia delictiva, porque al brindar oportunidades laborales, ofrecerán alternativas diferentes que volver a delinquier; impulsar la economía formal, fomentando así la generación de empleos legales y productivos; y alinear nuestras acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y promover así el trabajo decente y la construcción de instituciones sólidas.

Ante este panorama, la legisladora llamó a “la conciencia de los empresarios, a la sensibilidad de los legisladores y a la solidaridad de la sociedad en general. Juntos, podemos construir un México más inclusivo, vanguardista y próspero para todos”, señaló.

Precisó que el estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del ISR por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.

Para estos efectos, destacó, deberá considerarse la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley del Impuesto sobre la Renta.