IECM aprueba gastos de campaña para elección del PJ

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó está noche los topes de gastos de campaña para la elección judicial del próximo 1 de junio.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales acordaron que el tope de gastos de campaña para los candidatos a jueces y magistrados locales, será de entre 111 mil y 142 mil pesos.

Estos recursos, señala el acuerdo, dependerán del Distrito Judicial al que pertenezcan cada aspirante.

Mientras que, los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial dispondrá de un tope para hacer campaña de 277 mil 705 pesos.

Los topes de gastos de campaña en los 11 Distritos Judiciales Electorales, serán:

-Distrito 1: 135 mil 95 pesos

-Distrito 2: 137 mil 90 pesos

-Distrito 3: 125 mil 212 pesos

-Distrito 4: 134 mil 896 pesos

-Distrito 5: 127 mil 415 pesos

-Distrito 6: 119 mil 87 pesos

-Distrito 7: 142 mil 56 pesos

-Distrito 8: 113 mil 790 pesos

-Distrito 9: 111 mil 892 pesos

-Distrito 10: 122 mil 403 pesos

-Distrito 11: 119 mil 583 pesos

Estos recursos para las campañas, acordó el IECM, serán absorbidos por los aspirantes a esta elección y no se podrán utilizar recursos públicos.

Está acción, señaló el organismo, garantiza condiciones de equidad en la contienda y atiende al principio de racionalidad en el uso de los recursos, evitando generar ventajas indebidas, derivadas de la capacidad económica de los contendientes.

“Son necesarios, porque al fijar límites máximos de gasto, se busca impedir que las diferencias en la capacidad económica de las personas candidatas incidan negativamente en sus posibilidades reales de competencia frente a quienes aspiran al mismo cargo. Son razonables, porque su determinación se sustentó en criterios y parámetros objetivos previamente definidos, y proporcionales en tanto su cuantificación considera las particularidades de cada cargo y del ámbito territorial correspondiente”, señala el acuerdo aprobado por el IECM.

El artículo 489 del Código Electoral local, establece que queda prohibido que las personas candidatas, por sí o interpósita persona, hagan erogaciones de recursos públicos o privados para promocionar sus candidaturas, siendo el INE, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, el responsable de vigilar el cumplimiento de dicha disposición.