El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso capitalino, a través de la diputada Frida Guillén Ortiz, propuso prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el fútbol mexicano, incorporándolo en el catálogo de actividades vulnerables al delito de lavado de dinero.

Al presentar una iniciativa, para reformar el artículo 17, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la panista aclaró que el fútbol, al ser el deporte más popular en México, se ha convertido en un espacio atractivo para el crimen organizado, donde a través de clubes, promotores e inversionistas, pueden realizarse operaciones financieras sin una regulación estricta.

“No podemos permitir que el fútbol, un deporte que representa ilusión y esfuerzo para millones de jóvenes, se convierta en un instrumento para lavar dinero. Es momento de cerrar las puertas a la corrupción y garantizar la transparencia en su financiamiento”, subrayó Guillén Ortiz.

La propuesta busca que las operaciones financieras relacionadas con la adquisición de jugadores, inversión en equipos y patrocinios sean fiscalizadas por las autoridades competentes, tal como lo recomendó́ el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y lo señaló́ en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La panista recordó que en 2019, la UIF detectó posibles operaciones ilícitas en el fútbol mexicano, lo que llevó a la firma de un convenio de colaboración con la Liga MX para monitorear estas transacciones.

“Sin embargo, hoy se requiere una regulación por ley, que dé certeza jurídica y garantice que el fútbol no sea un refugio para el dinero sucio”, reiteró desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles la legisladora.

Por ello, llamó a todas las fuerzas políticas para respaldar esta iniciativa, “pues no solo busca proteger la integridad del fútbol mexicano, sino también la confianza de los millones de aficionados que ven en este deporte una vía de inspiración y superación”, comentó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, así como de Administración y Procuración de Justicia.


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