Propone reducción del predial para quienes contraten seguridad privada

El PAN en el Congreso capitalino propuso que para las familias y negocios que contraten seguridad privada en la Ciudad de México, el Gobierno local el reduzca el 8% en el pago del impuesto predial.

Así lo propuso, en una iniciativa de reforma, el diputado local del blanquiazul, Andrés Sánchez Miranda, al destacar que este beneficio ya está́ contemplado en el Código Fiscal, pero actualmente solo aplica para quienes pagan su predial de forma anticipada.

Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, el panista aclaró que esta propuesta no es un privilegio para unos cuantos, sino un reconocimiento a todos los ciudadanos que han tenido que asumir el costo de su seguridad, ante la falta de resultados del gobierno en esta materia.

“No podemos ignorar que la inseguridad ha costado a los hogares de la Ciudad de México más de 33.1 mil millones de pesos en un año. No importa si vives en una unidad del INVI, en una colonia popular o en un edificio residencial, la gente ha tenido que organizar su vigilancia privada, rejas, alarmas o cámaras de seguridad. Esto no es un lujo, es una necesidad, por lo que es justo que quienes hacen este esfuerzo reciban un incentivo fiscal”, insitió.

Para esto, explicó, deberá reformarse el artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para ampliar la reducción del 8% en el impuesto predial, para quienes contraten seguridad privada y permitir que el beneficio se aplique en cualquier momento del año, no solo en enero.

Sostuvo el panista que esta propuesta no es un beneficio exclusivo de un sector social, ya que el gasto en seguridad lo asumen ciudadanos de todas las condiciones económicas.

Recordó́ que el gobierno ya ha permitido incentivos similares, como la reducción en colegiaturas de escuelas privadas, bajo el argumento de que ayuda a disminuir la presión sobre la educación pública.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura, de Morena, determinó turnar dicha iniciativa, para su análisis y, según el caso, dictaminación, a la Comisión de Hacienda.