El PAN en el Congreso capitalino propuso hasta 11 años de prisión para quien utilice medios digitales o presenciales para acosar, principalmente, a menores de edad con fines sexuales.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada local panista, Laura Álvarez, señaló que es necesario tipificar las conductas de acoso y abuso digital conocidas como “grooming”.

“Este fenómeno es una de las amenazas más graves y silenciosas que enfrentan nuestras infancias y adolescencias en la era digital. Los agresores se aprovechan del anonimato y la confianza que generan en las redes sociales, para manipular, acosar y abusar de menores. Es hora de que la Ciudad de México cuente con un marco legal claro y contundente para castigar esta conducta”, señaló.

Detalló que de acuerdo a datos de la organización Save the Children, cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes en América Latina han tenido contacto con desconocidos en internet, y el 15% han sido presionados para enviar imágenes íntimas.

En México, destacó, la cifra es alarmante, pues el 26% de los menores encuestados, han sido contactados con intenciones de establecer una relación virtual, una práctica común entre los agresores para manipular a sus víctimas.

Por ello, dijo, busca adicionar un artículo 183 bis al Código Penal, para que establezca que quien contacte con un menor de edad, a través de medios digitales o presenciales, con la intención de obtener imágenes, videos o audios de carácter sexual, será sancionado con penas de entre siete y 11 años de prisión, así como mil 800 días de multa.

Además, si el delito se comete mediante violencia, amenazas o coacción, la pena se incrementará hasta en un 50%.

También, señaló la panista, contempla la creación de protocolos de atención a víctimas de grooming, campañas de prevención en coordinación con la Policía Cibernética y un llamado a la Secretaría de Educación local, para implementar estrategias de concientización en las escuelas sobre los riesgos del entorno digital.

De igual forma, llamó a todas las fuerzas políticas en el Congreso capitalino, para respaldar esta iniciativa, pues se trata de un problema que trasciende partidos y que requiere una respuesta firme y coordinada por parte del Estado.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y, en su caso,  dictaminación.


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