Hasta dos años de prisión a quien discrimine a una mujer que aborte

Quienes discriminen a una mujer o persona gestante por practicar la interrupción del embarazo, podría alcanzar una sanción de seis meses a dos años de prisión, así como multa de 11 mil 314 a 22 mil 628 pesos y de 50 a 150 días de trabajo en favor de la comunidad.

Así lo propuso la coordinadora del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios Pérez, al presentar una iniciativa para adicionar el Capítulo III, al Título Décimo, del libro Segundo, del Código Penal capitalino.

“Estas penas podrían incrementar hasta en una mitad, cuando este delito lo cometa un persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o motivo de ellas; si quien comete el delito se vale de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo o comisión, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima”, asentó en su propuesta la líder del tricolor en el Antiguo Palacio de Donceles.

Larios Pérez expresó que el objetivo de esta acción, es penalizar las conductas de estigmatización y criminalización ejercidas en contra de las mujeres en ejercicio de su autonomía reproductiva.

“La criminalización del aborto impacta, no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que, por diferentes razones, tienen embarazos no deseados y que deben enfrentarse al riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud, al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal”, puntualizó durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

Recordó la priista que de 2015 hasta noviembre de 2024, en la Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia ha abierto 1,293 carpetas de investigación por aborto, “lo cual es alarmante y verdaderamente lamentable”, sostuvo virtualmente la diputada del tricolor.

Asimismo, propuesto que la autoridad debe imponer cursos para erradicar la estigmatización y la criminalización hacia las mujeres en todas sus formas.

Además, las víctimas de estigmatización y criminalización tendrán derecho a la reparación del daño, lo que comprende la compensación económica por las afectaciones y perjuicios, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social.