Comisión aprueba reformas para combatir el delito de extorsión

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó por unanimidad el dictamen de tres iniciativas para reformar diversas disposiciones del Código Penal local, en materia de extorsión, propuestas por la coordinadora del PRI, Tania Larios Pérez; la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El presidente de dicha Comisión, el morenista Alberto Martínez Urincho, destacó que durante el lapso de análisis del dictamen, recibieron observaciones para enriquecer el instrumento legislativo, mismas que fueron consideradas para su conformación.

Explico que las modificaciones al Código Penal local, buscan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a efecto de garantizar la seguridad de sus bienes y su integridad, dado que ahora dicha actividad ilícita será castiga con 15 a 20 años de cárcel y multas de tres mil a cinco mil de Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).

Además, si la víctima es mayor de 60 años y menor de 18 años, la pena se incrementará un tercio, y de cuatro a ocho años más si el o los responsables utilizan armas peligrosas, utilizan la violencia física y si fungieron como servidores públicos, policías, militares, custodios o laboraron en la administración de justicia.

Los legisladores asentaron en el dictamen que el cobro de piso, se ha convertido en una epidemia que afecta a la economía, la seguridad y la vida de miles de familias en todo el país, sobre todo que en el último sexenio este delito creció 50%, comparado con la gestión anterior, siendo los años 2022 y 2023 en los que la incidencia delictiva se ha mantenido más alta.

“Esta especie de impuesto de la violencia que realizan los delincuentes, el cual se ha convertido en una de las modalidades más comunes de México, afecta a miles de personas, comercios y empresas. Además, se ha convertido en uno de los delitos que menos se denuncia y, por tanto, se mantiene impune en casi todos los casos”, señalaron los diputados locales.

La diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya, consideró que este dictamen aborda varios delitos que laceran a la sociedad, lo que permitirá su combate, a través del marco normativo, al hacerlo más sólido, aunque pidió corregir detalles del documento para poner correctamente “la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc”.

Por su parte, el diputado local del PAN, Mario Sánchez Flores, afirmó que convertir la extorsión en un delito grave en la capital, “es sin duda de gran importancia, ya que se protegerá a la ciudadanía, pues ese delito acarrea consecuencias devastadoras para las víctimas.

Además, dijo el panista, impacta de manera directa a la economía al desalentar la inversión en la capital, por lo que éste proyecto de decreto fortalece la justicia al convertir la extorsión en un delito prioritario”.

En su intervención, la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) afirmó estar a favor de las reformas que comprende el dictamen, ya que tienen como propósito asegurar que la ciudadanía no sea víctima del delito de extorsión en todas sus formas, el cual afecta directamente a la seguridad de los capitalinos.

La coordinadora del PRI y una de las promoventes, Tania Larios Pérez, reconoció el trabajo y compromiso del presidente de la Comisión, que logró un dictamen amplio e incluyente, que reúne propuestas con diversas ópticas, pero un mismo fin, que es combatir delitos que atentan contra la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia de las personas, y permitirá que la extorsión se persiga de oficio y sea considerada un delito de alto impacto, ya que genera una atmósfera de terror.

Señaló que el cobro de piso, junto con el fraude telefónico, la extorsión y el robo de identidad, así como otros delitos cometidos a través de medios digitales e informáticos, se han incrementado de manera alarmante en los últimos años, además de una epidemia que afecta la economía, seguridad y vida de personas en todo el país. Pero lo grave de todo esto, dijo, “es que este delito generalmente queda impune, por la falta de denuncias y mecanismos eficaces para su persecución y punibilidad”, destacó.

Las iniciativas coinciden en que el delito de extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, también implica un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.

Por ello, el dictamen establece reformar la normativa jurídica, con el propósito de disminuir los índices de conductas delictivas bajo la modalidad de fraude o extorsión, para lo que la comisión dictaminadora aprobó reformar el artículo 253; adicionar los artículos 148 quater, 148 quinquies y 163; y derogar los artículos 209 y 236 del Código Penal capitalino.