La presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso capitalino, Ana Buendía García, de Morena, presentó una iniciativa para añadir servicios de orientación jurídica en materia familiar, civil, laboral y penal en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como “PILARES”.

Para ello, la morenista pide reformar el artículo 49; adicionar la fracción 12 al artículo 52; la fracción 5 al artículo 54; la fracción 6 al artículo 56; y la fracción 5 al artículo 57, todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para establecerles la facultad de brindar dichos servicios.

De esta manera, explicó la legisladora, se contribuye a garantizar el acceso a la justicia, “porque nadie debe quedar en estado de indefensión por falta de recursos económicos”, pues con su propuesta se fortalece el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, la asesoría gratuita contribuye al bienestar de las personas que enfrentan conflictos legales.

Al recalcar que esta nueva visión de asistencia jurídica busca una participación más activa del Estado, Buendía García sostuvo que la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que México es uno de los países con menor acceso a la justicia por los altos costos de la asesoría legal, pues en la Ciudad de México este servicio puede oscilar entre 1,500 y 3,000 pesos.

“Recibir una asesoría impartida por personal adscrito a un PILARES, tendría una validación de certeza y, sobre todo, confianza para los ciudadanos. Los PILARES funcionan como punto de primer contacto con la ciudadanía, lo cual facilita de manera exponencial la prestación de servicios jurídicos gratuitos, evitando traslados hasta las instituciones públicas”, destacó la legisladora.


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