
La diputada local del Partido del Trabajo (PT) en la Ciudad de México, Jannete Guerrero Maya, propuso que las alcaldías y el Gobierno capitalino en su conjunto deben abstenerse de celebrar contratos con personas físicas o morales, que hayan sido señaladas por actos discriminatorios.
Para ello, la petista presentó en la sesión ordinaria de este martes en el Congreso local una iniciativa, para reformar el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, a fin de combatir y eliminar la discriminación.
“Es importante reconocer la participación de las empresas privadas en la prestación de servicios en la administración pública, pero también es fundamental que las empresas que brindan dichos servicios, garanticen no ejercer prácticas que atenten contra la dignidad de las personas”, señaló.
Desde tribuna, la legisladora recordó el caso de un restaurante de la capital, donde los comensales eran separados, acomodados y atendidos de acuerdo con su tono de piel, “cuyo caso ejemplifica la gravedad del racismo y el clasismo que se niegan a desaparecer de nuestra sociedad”, denunció.
De igual forma, detalló que, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), las cinco causas más comunes de discriminación, son: la pobreza, el color de piel, las preferencias sexuales, la clase social y el nivel educativo.
“Esto se percibe, asimismo, que los cinco grupos más discriminados son las personas de piel morena, personas indígenas, mujeres, gays y personas pobres”, reiteró la representante popular del PT.
Por ello, reiteró que “toda persona merece ser tratada con respeto y dignidad. Eso no debe depender de quién sea o de su posición social. Y es aún más crítico que quienes colaboren en proyectos del gobierno, con recursos públicos, compartan y reflejen estos principios en cada uno de sus espacios y relaciones”, mencionó.
Además, la diputada petista precisó que con la modificación que propone, queda establecido como requisito que para prestar servicios en la administración pública de la Ciudad de México, que empresas no hayan sido señaladas por actos discriminatorios por medio de una sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional.
Así como una opinión jurídica emitida por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, o una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Guerrero Maya afirmó que con esta propuesta, busca que el Gobierno actúe y tome medidas efectivas para proteger a todas las personas y combatir actos discriminatorios.
“El bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad, dependen de que cada una de sus instituciones y actores, incluyendo a las empresas del sector privado, respeten los derechos de todas y todos”, destacó la representante popular.
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