El pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló limitar en 50% la ocupación anual de los inmuebles registrados en plataformas digitales de hospedaje, como son: Airbnb y Booking, entre otros.

Además, aprobaron que los inmuebles derivados de programas de vivienda de carácter popular, social y de reconstrucción, no podrán ser destinados para renta temporal por plataformas.

Lo anterior, fue aprobado con 49 votos a favor de Morena y aliados, así como seis en contra y nueve abstenciones de la oposición; estos últimos justificaron que esta acción no combate la gentrificación en la capital y atenta contra la iniciativa privada.

A nombre de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Turismo, el novel diputado de Morena, César Emilio Guijosa Hernández, precisó que el dictamen aprobado adiciona un cuarto párrafo al artículo 61 Sexies, de la Ley de Turismo local; el artículo 36 Bis. de la Ley de Vivienda; y un párrafo al artículo 22, de la Ley para la Reconstrucción Integral, para equilibrar la competencia entre alojamientos turísticos de corta estancia y los hoteles tradicionales.

Asimismo, aclaró que esta es una propuesta enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y refirió que el crecimiento acelerado del turismo temporal digital a través de plataformas, ha alterado el funcionamiento del alojamiento en la Ciudad de México, y generado una serie de externalidades negativas, como la gentrificación y el aumento de los precios de la vivienda.

“Este instrumento legislativo propone una solución integral para mitigar la gentrificación, principalmente a través de la regulación del turismo digital, estableciendo límites en el número de noches que una propiedad puede destinar para este uso”, comentó.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN, Diego Orlando Garrido López, aseguró que esta reforma, “se cae con un amparo, porque no te pueden prohibir que rentes tu inmueble como tu quieras”, destacó.

Incluso, advirtió, la intención del oficialismo es presentar otra propuesta, para que se convierta en delito el alquilar por más de seis meses el inmueble como se está aprobando con esta acción.

En respuesta, la inexperta legisladora de Morena, Cecilia Vadillo, manifestó que “no hay atentado alguno contra la propiedad privada”, por lo que exhortó “a quienes hacen política del engaño y miedo, a que dejen de hacerlo, porque ya comprobaron el 2 de junio que no es redituable”, insistió con ironía.

A su vez, las panistas, Olivia Garza y Daniela Álvarez, comentaron que esta acción no combate de manera paulatina la gentrificación, y solo beneficia al sector hotelero; “busca detener un ingreso extra para los particulares”, denunciaron.

Reprocharon que esta iniciativa no se haya sometido por más tiempo a parlamento abierto, y que no se hayan tomado en cuenta las consideraciones de la oposición.

A su vez, su compañera, Frida Guillén, explicó que esto no va a resolver el tema de la crisis de vivienda.

El morenista, Víctor Hugo Romo, les recordó que el segundo piso de la transformación es construir un millón de viviendas asequibles, y les dijo “no está bien atender los intereses económicos, porque no hay nada que se vaya a violar la propiedad privada”, dijo.

Además, los congresistas locales validaron que los inmuebles producto del proceso de redensificación, tras el sismo de septiembre del 2017 y que pertenecen al Gobierno capitalino, podrán ser rentados para evitar que se desgasten o se mantengan ociosos.

Así lo aprobaron las Comisiones Unidas de Vivienda y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso local, quienes modificaron el antepenúltimo artículo 26, de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

La redensificación es concebida, como un recurso público no inherente a la propiedad afectada y reconstruida con recursos públicos o privados, lo que ha permitido un mejor aprovechamiento del suelo, pues supone que en el caso de que las personas damnificadas decidan ceder un porcentaje igual de superficie edificable que les corresponde, se construyan viviendas adicionales.

Los recursos de la renta o comercialización del espacio, serán para el Fideicomiso de Reconstrucción de la capital.

Ambas normativas fueron enviadas a la Jefatura de Gobierno por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Martha Ávila Ventura, para su publicación en la Gaceta Oficial capitalina.


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