
Trabajadores contratados por el régimen de Nómina 8, que tienen más de 10 años de antigüedad, solicitaron a la alcaldesa electa de Tlalpan, Gabriela Osorio, que revise las plazas de base que Alfa González Magallanes, alcaldesa saliente, autorizó “ilegalmente” para sus amigos y los familiares directos de algunos de sus colaboradores más cercanos.

Dichas plazas de Basificación, comentaron, González Magallanes las entregó a personas que comenzaron a trabajar en el inicio de la actual administración; es decir, hace apenas tres años, “lo que constituye una total ilegalidad, ya que éstas solo pueden entregarse cuando los beneficiarios han trabajado durante más de cinco años ininterrumpidamente”, comentaron los entrevistados.

“Sabemos que cuando Alfa se enteró de su fracaso para reelegirse, comenzó a entregar plazas de base a diestra y siniestra, a fin de asegurar laboralmente a sus amigos más cercanos, pero dejó en la indefensión a trabajadores con antigüedades que van de los 10, 13 o más años, quienes en varias ocasiones le solicitaron apoyo para obtener una plaza de base, pero la señora solo demostró ser una corrupta y ladrona”, acusaron.

Entre los “beneficiarios” de Alfa, denunciaron, destaca su ex secretaria particular, Vianey Montserrat Bautista Mendoza, esposa del concejal saliente, Oscar Valencia, a cuya mujer le entregó una plaza de base con nivel 19, el más alto en la escala de basificación).

Otra beneficiada, es Nayeli Martínez Salazar, hija de la Jefa de Unidad Departamental (JUD) de Agua Potable y Pipas, Norma Salazar Sánchez, a quien también Alfa le dio una base con nivel 19.
Uno más de los “beneficiarios” de Alfa, revelaron, fue el ex dirigente del desaparecido comité delegacional del PRD en Tlalpan y ex candidato a Concejal por de Alfa, Jonatan Osnaya Palacios, al que en varias ocasiones lo acusaron de tener a la mitad de su familia cobrando como “aviadores” y de vender plazas en esa Alcaldía, cuando estuvo a cargo del PRD local.
Asimismo, denunciaron que el actual subdirector de Control de Gestión, Daniel García Marín, basificó al menos a dos de sus familiares directos, con la autorización de la alcaldesa saliente, “además de favorecer con contratos millonarios de mantenimiento a su suegro”, aseguraron los entrevistados, quienes anunciaron que realizaran una serie de manifestaciones y huelga de “brazos caídos” hasta que la alcaldesa electa les de respuesta a sus exigencias.
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