
El ex presidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien enfrenta un proceso penal por seis delitos de tentativa de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, cuatro delitos de trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa y asociación delictuosa, es “el primer preso político de la Ciudad de México”, afirmó su abogado Erick Alán Hernández Arizmendi.
Los ilícitos que se le imputan, afirmó, por su parte, la abogada Andrea Juárez Mora, derivan de un “montaje político”, pues a tres años de iniciarse el proceso no existe sentencia, “porque no tienen sustento jurídico y si se han violentado sus derechos humanos y procesales”, afirmó la litigante.
Añadió que los más de mil días que lleva en reclusión, “debería preocupar, porque está por una historia fabricada por las autoridades, de una simulación, donde se busca condicionar al juez que lleva su caso y evitar que los juzgadores federales lo protejan, mediante un amparo”, señalaron.
En conferencia de prensa, dichos abogados revelaron que ante la negativa al cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada a domiciliaria, así como las irregularidades en el proceso, acudieron a la Organización de Estados Americano, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para que se metan al fondo del caso y determinen las violaciones procesales y a sus derechos humanos que se han registrado”, comentaron.
Hasta el momento, detalló Hernández Arizmendi, “todas las víctimas se han mantenido con identidad reservada, pero la autoridad incorporó a Diana y Candy, para que no prescribiera el delito de explotación sexual en grado de tentativa”, denunció.
Ambas mujeres declararon ante el Ministerio Público, Daniel Morales, “quien les dijo que pasaban de testigos a víctimas, como quedó asentado en audiencia; mientras, taxistas dijeron que el mismo fiscal les ordenó lo que tenían que decir”, sostuvo.
Ante esta serie de “irregularidades”, los litigantes confiaron en que impere la justicia y su cliente obtenga un cambio de medida cautelar y jueces, “como Freddy Aparicio Perales y Erik Zabalgoitia, dejen de impedir que exista protección de la justicia federal hacia nuestro representado, a través de un amparo, pues el solicitarlo no es un delito”, enfatizaron.
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