Propone PRI hasta tres años de cárcel para huachicoleros de agua

De seis meses a tres años de prisión y multa de hasta 32 mil 571 pesos, será la sanción que reciba la persona o personas que lleven a cabo derivaciones ilegales de agua o drenaje, o instale en forma clandestina infraestructura hidráulica, prácticas conocidas como “huachicoleo”.

Así lo propuso la diputada del PRI en el Congreso capitalino, Guadalupe Barrón Hernández, quien busca añadir el artículo 347 sextus al Código Penal local, así como derogar diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la capital.

Las sanciones propuestas van de los seis meses a los tres años de prisión y multas de 10 a 300 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México, que corresponde de mil 085.70 a 32 mil 571 pesos.

“A quien altere, deteriore, manipule o instale en forma clandestina la infraestructura hidráulica, así como ejecutar o consentir que se realicen de manera provisional o permanente derivaciones de agua o drenaje”, agregó.

Actualmente dichas conductas son sancionadas con multas de entre 100 y 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, cuando se trate de usuarios domésticos, y de 500 a tres mil cuando se trate de usuarios no domésticos.

La representante por las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón recordó que, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), se detectaron 124 tomas clandestinas de agua de 2018 a 2023, en diversos lugares de la capital del país.

Mencionó que la conducta de alteración de la red hidráulica para instalar tomas clandestinas, es cada vez más común en nuestra ciudad, por lo que es necesario regular de manera más rígida esta práctica ilegal, debido a que la situación de abastecimiento de agua en nuestra metrópoli es cada vez más severa, por lo que cualquier conducta que genere una limitación a dicho derecho es ilegal, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Explicó que la iniciativa propone integrar dentro del catálogo de delitos ambientales, la instalación de tomas clandestinas de agua para uso doméstico o cualquier otra circunstancia, con la finalidad de proteger el derecho de todas las personas en la Ciudad de México, a la buena administración pública y abastecimiento de agua potable.

La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua.