El grupo parlamentario de MORENA en el Congreso local rechazó categóricamente que agredan a la presidenta de la Mesa Directiva, así como a diputados locales del PAN, respecto a la presunta ilegalidad que, según estos legisladores, ha realizado la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ante la obligación constitucional del Congreso capitalino, para resolver y pronunciarse respecto a la ratificación de la Ernestina Godoy Ramos, y sobre otros asuntos relevantes para la vida institucional de la Ciudad, ayer la Jucopo aprobó la realización de un periodo extraordinario para desahogar estos procedimientos.

En ese sentido, previamente, la propia presidenta de la Mesa Directiva remitió a la Jucopo un oficio, en el que señala que para continuar con el procedimiento de ratificación de la titular de la Fiscalía General, una de las posibilidades para su desahogo, sería a través de un periodo extraordinario que acordara dicha Junta.

Es decir, la presidenta siempre tuvo conocimiento de la ruta procesal para desahogar dicho procedimiento constitucional, al estar este cuerpo colegiado en periodo de receso, además de haberlo pronunciado en medios de comunicación.

«La Jucopo, en todo momento, actuó con base en las atribuciones legales con las que cuenta. La Ley Orgánica en su artículo 49 del Congreso faculta a la Junta a aprobar el acuerdo respectivo para la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones», destacaron los morenistas.

Dicho acuerdo fue aprobado con todas las formalidades que la normatividad establece, por lo que fue remitido a la presidencia de la Mesa Directiva para que siguiera con los trámites correspondientes, de conformidad con los resolutivos del acuerdo.

Dicha presidencia, en ejercicio de sus facultades unipersonales y como ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores, debía convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente.

Sin embargo, no fue así, por lo que en atención a lo que dispone la Ley Orgánica en su artículo 33, que ante su ausencia la vicepresidencia de la Mesa podrá suplirla en sus funciones, el diputado de MORENA, Gerardo Villanueva Albarrán, convocó a la sesión respectiva para cumplir con los plazos legales y reglamentarios.

Por lo tanto, «no existe ningún desacato a la normatividad, toda vez que en caso de que la presidencia no realice las convocatorias, se acredita su ausencia y la vicepresidencia tiene la legitimidad y facultad legal plena para convocar», aclararon los muchachos de «ya saben quién».

En todo caso, el desacato lo ha realizado la presidenta de la Mesa, Gabriela Salido Magos, del PAN, al no convocar a sesión extraordinaria en términos de lo previsto en el acuerdo y en nuestra normatividad interna.

«Consideramos que la presidencia emprendió una estrategia dilatoria, al convocar de manera infundada a una sesión de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, cuando lo correspondiente, de acuerdo con la ley y las prácticas parlamentarias, era que convocara a la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para este viernes a las 9:00 horas.

Cabe señalar que la presidencia de la Mesa Directiva cuenta con la facultad unipersonal de convocar a las sesiones que realiza el Pleno, de conformidad con el artículo 32 fracción I de la Ley Orgánica.

Por lo cual, la convocatoria a la Mesa Directiva no es más que un intento de la presidenta para tratar de retrasar el proceso y evadir su responsabilidad para dar cumplimiento al mandato que se le ha conferido.

De ninguna manera, insistieron los morenistas, la Jucopo se saltó a la presidencia, pues la misma presidenta de la Jucopo, Martha Ávila Ventura, de MORENA, envió una solicitud de que realizara la convocatoria en tiempo y forma, «y lo que estamos viendo es que la presidenta de la Mesa no está dispuesta a cumplir con sus responsabilidades legales y prefiere acatar las órdenes y consignas de su bancada, alejándose de la imparcialidad que el cargo le demanda», denunciaron.

Está conducta de la diputada Salido Magos, reiteraron, es grave ante sus deberes como presidenta del Congreso, por lo cual, con base al artículo 31 de la Ley Orgánica, deberá responder ante el Pleno por tal situación, ya que se ha negado a cumplir las funciones constitucionales del Congreso y hacer prevalecer el interés general por encima de los intereses particulares o de grupo.

Al evadir su alto deber público, el cual debe ser imparcial e institucional, es necesario realizar un análisis respecto a las causas justificadas por las que un integrante de la Mesa Directiva puede ser removido, toda vez que la Ley en su artículo 28, fracción I, señala que una de ellas es transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la misma Ley Orgánica.


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