
Luego de dos horas y 37 minutos de acalorada discusión, donde unos a otros se quitaban la palabra y en la que hablaron los que quisieron, fueran o no integrantes, esta noche la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó el dictamen para ratificar a Ernestina Godoy Ramos, para un nuevo periodo de cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.
Con nueve votos a favor (de MORENA y aliados), cinco en contra (del PAN y PRI, pues PRD y Movimiento Ciudadano no tienen representantes en esta Comisión) y cero abstenciones, a las 20:11 horas, el secretario de la Comisión, Federico Chávez Semerena, cantó: “Es aprobado el dictamen, diputado presidente”, dirigiéndose al morenista Octavio Rivero Villaseñor, quien por momento no pudo controlar el enfrentamiento de los legisladores de MORENA y PAN.
Cabe destacar que la 23 reunión extraordinaria de dicha Comisión, a la que sólo faltó la priista Silvia Sánchez Barrios, quien “curiosamente” este jueves pidió una nueva licencia para ausentarse, comenzó con 18 minutos de retraso, pues los legisladores fueron citados virtualmente a las 17:30 horas, pero por problemas técnicos algunos no podían conectarse o bien, durante su participación, se cortaban las palabras y hasta la imagen.
Incluso, estos problemas de internet provocó que el morenista Alberto Martínez Urincho, decidiera abandonar por momentos la reunión y dejó en pantalla a su inseparable “amiga”, que lo acompaña en todas las reuniones virtuales, como es el Águila Juarista, emblema de su partido, dado que el área de Innovación del Congreso local volvió a mostrar su incapacidad para realizar este tipo de eventos.
Y aunque no participó en el tema, sólo habló para pelear con los panistas y priistas, a quienes acusó de no hablar del dictamen, “por lo que le pido, diputado presidente, exija a los participantes centrarse en la discusión y dejan de hablar de cosas ajenas”, lo que provocó enfrentamiento, principalmente, con panistas.
Rivero Villaseñor recordó que el pasado 21 de noviembre, tras concluir la entrevista con la fiscal, la Comisión se declaró en sesión permanente para la elaboración del dictamen correspondiente, el cual “ha sido un proceso histórico para la ciudad, con una fundamentación técnica importante y siguiendo un proceso constitucional, en que se evaluaron los buenos resultados de la FGJ y su titular”, dijo.
Aseguró que en el análisis, consideraron también las opiniones del jefe de Gobierno, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía y el Consejo Judicial Ciudadano (CJC), además de las opiniones recibidas de la ciudadanía.
Sin embargo, el panista Aníbal Cáñez Morales refirió sus dudas de que en tan corto tiempo, “dice el informe el pasado fin de semana”, analizaron 29 mil 923 opiniones del CJC y 33 mil 936 que recibió la Comisión, y curiosamente todas fueron positivas para la ratificación de la fiscal, “pero consideró que no reflejan el sentir de la ciudadanía, ya que no hubo un ejercicio de evaluación objetiva y responsable, un examen crítico que sustente las afirmaciones que motiva el dictamen de ratificación de la fiscal”, acusó.
Al respecto, Rivero Villaseñor respondió que sí hicieron una revisión cuidadosa de las opiniones ciudadanas recibidas, que todo el proceso de ratificación fue apegado a la normatividad y efectuado con cuidado, pulcritud y consistencia.
En tanto, Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, lamentó que este proceso pudo haber sido exitoso en la rendición de cuentas e intercambio con la ciudadanía, por lo que preguntó por qué no llevaron a cabo una reunión con el CJC y la Comisión, y por qué entre éstas no hubo un cruce de opiniones, por lo que lamentó opacidad, falta de transparencia y máxima publicidad de este proceso.
El coordinador del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, en breve participación expresó su rechazo al número de opiniones ciudadanas en apoyo a la fiscal, porque no consideraron a todas aquellas personas que están en contra de la ratificación de Ernestina Godoy, “porque no incluyeron la opinión de las víctimas que no han sido atendidas por la Fiscalía”, motivo por el que adelantó su grupo parlamentario votaría en contra. Y así lo hizo.
En el uso de la voz, la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, quien no pertenece a la Comisión, pero aun así le dieron la palabra, expresó su preocupación por las solicitudes llegadas al CJC, por la siembra de delitos de la fiscalía y por la integración de carpetas en su contra y reiteró su inquietud por la falta de autonomía de la FGJ.
Además, su compañero de sector y de partido, Diego Garrido López, consideró que fue apresurada la convocatoria a la Comisión para el análisis del dictamen, y que no hizo un Parlamento Abierto, ni una entrevista presencial o atención a las víctimas como parte del procedimiento, entre otras irregularidades.
Entonces tocó turno para hablar al panista Ricardo Rubio Torres, quien consideró que en el proceso de ratificación se rompieron los principios de la ley, general, impersonal y abstracta, por lo que cuestionó el papel del CJC, además cuestionó la constitucionalidad del proceso, “pues con la ratificación de la fiscal está privándose a la ciudad de que cualquier otra persona con experiencia pueda acceder también al cargo”, afirmó.
En respuesta, el ex perredista, ex priista y ex muchas cosas, Jorge Gaviño Ambriz, hoy coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, recordó que la reforma constitucional para definir este proceso fue elaborada en la I Legislatura del Congreso local, “y fue aprobada por mayoría calificada, incluso por el PAN, por lo que este proceso de ratificación ha sido apegado a lo establecido”, dijo el ahora neomorenista.
A su vez, la vicecoordinadora de MORENA, Guadalupe Morales Rubio, acusó que quienes están en contra de la ratificación, es por el tema del llamado Cártel Inmobiliario, por lo que felicitó a la Godoy Ramos por su actuar y haber descubierto las irregularidades en las alcaldías; además, recordó que ya sido regresados inmuebles, debido a que ex funcionarios han reconocido su culpabilidad y se han apegado al criterio de oportunidad.
Dada la flexibilidad del presidente de la Comisión, también le dio oportunidad de participar a la priista Tania Larios Pérez, quien no es integrante de la Comisión, para expresar que este tema debía haber más discusión y no cerrarse al debate, por lo cual instó a prepararse para que éste se realice en el pleno con respeto.
Por su parte, el también priista, Jonathan Colmenares Rentería, que no pertenece a la Comisión, aclaró que como partido, el tricolor escuchó a alrededor de 300 personas que se interesaron en el tema; incluso, denunció que por esta tarea recibieron amenazas de muerte, por lo que acorde y apoyo con su coordinador, anunció que ante el pleno votará en contra del dictamen.
Cabe señalar que el pasado 10 de octubre el CJC, después de evaluar el desempeño de la fiscal general, aprobó por mayoría calificada el acuerdo de opinión favorable para la ratificación de la funcionaria; y que el jefe de Gobierno remitió al Congreso local el 26 de octubre su propuesta de ratificación para el periodo 2024-2028 de la funcionaria.
El dictamen aprobado, Rivero Villaseñor detalló que éste se sustenta en el estudio, análisis, actas, comparecencias ante el CJC y la Comisión, así como opiniones ciudadanas recabadas por ambos órganos; la opinión positiva del CJC, razonamientos del jefe de Gobierno en favor de la fiscal y el resultado de idoneidad favorable obtenido en las Cédulas de Requisitos para la Ratificación de la titular de la FGJ otorgadas por la mayoría de los diputados de esta Comisión.
De esta manera, el dictamen, que prevén presentarlo ante el pleno el próximo miércoles, precisa que el periodo para la ratificación va del 10 de enero de 2024 al 9 de enero de 2028, “debido a que colmaron los requisitos establecidos en la Ley y los conocimientos necesarios para ejercer el cargo”.
Así, entre discusiones, arrebatándose la palabra, que por momentos no se entendía de lo que hablaban, la manecillas del reloj marcaron las 20:08 horas, cuando Rivero Villaseñor, ya fastidiado y con el rostro enrojecido por no lograr poner orden, pidió al secretario, Federico Chávez, levantar la votación.
Y aunque inicialmente los panistas y el priista desaparecieron de la pantalla, cuando escucharon que el suplente de Christian Von Roehrich de la Isla, hoy huésped del Reclusorio Preventivo Norte, emitió su voto en contra al dictamen, entonces reaparecieron Diego Garrido, Ricardo Rubio y Aníbal Cáñez, así como Ernesto Alarcón, para emitir su sufragio negativo.
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