Con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como la de Asuntos Político-Electorales, aprobaron el dictamen en materia de «3 de 3» contra la violencia de género.

Dicha iniciativa fue presentada por la diputada local y coordinadora de MORENA, Martha Ávila Ventura, así como la hoy coordinadora del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, y colectivas feministas, respecto a la inelegibilidad de violentadores y deudores alimentarios en empleos y cargos en el servicio público, ni como candidatos a cargos de elección popular.

Con ello, los diputados integrantes de dichas Comisiones aprobaron reformas el artículo 10, apartado c, y adicionanaron una fracción 11, a la Constitución Política de la Ciudad de México, donde establece que ninguna persona que esté en los siguientes supuestos, podrá ejercer un empleo, cargo, comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidata a cargos de elección popular.

Además, de que el indiciado cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psico sexual.

De igual forma, cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades o tipos.

También, si está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o tramite el descuento correspondiente.

Quedó establecido, que estás medidas aplicarán sin importar su nivel, desde el más alto hasta el más bajo, para cualquier servidor del poder ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos

Con el dictamen, también se reforma el artículo 27, apartado b, numeral 7, fracción primera, de la Constitución Política capitalina, adicionando un nuevo párrafo,.el cual indica que deberán establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos .

Así, se eleva a rango federal la llamada ley «3 de 3», al dar cumplimento al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 38, fracción 7, establece la obligación de los congresos locales de armonizar su legislación acorde a la misma.

Asimismo, prevén que el dictamen sea presentado ante el Pleno el próximo jueves y que acudan representantes de las colectivas feministas que impulsaron el tema ante el Congreso capitalino.

Una vez que el dictamen sea aprobado, como lo establecen el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso local, deberá remitirse a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.

El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación, con excepción de las discusiones en materia electoral, las cuales en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrarán en vigor a partir del día siguiente en que concluya el proceso electoral local ordinario 2023-2024.