
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México busca justificar la ausencia de dos de sus diputados locales, contra quienes, al parecer, existen órdenes de aprehensión al estar relacionados, presuntamente, con el llamado Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez.
Incluso, se supo que ha intentado negociar con los demás grupos y asociaciones parlamentarias del Antiguo Palacio de Donceles, a fin de otorgarles licencia para separarse del cargo, dado que temen en cualquier momento sean detenidos y, obviamente, vayas hacerle compañía en el Reclusorio Preventivo Norte a su ex coordinador, Christian Von Roehrich de la Isla.
De allí que han intensificado su lucha, para evitar la permanencia de Ernestina Godoy Ramos, para un nuevo periodo de cuatro años, en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, pues erróneamente creen que con ello acabarán las indagatorias y, obviamente, la investigación de más involucrados en el presunto millonario fraude inmobilario.
Por lo pronto, se supo que un juez penal de la Ciudad de México giró dos órdenes de aprehensión contra igual número de diputados locales de ese grupo parlamentario, quienes desde hace días abandonaron no sólo sus curules en el Antiguo Palacio de Donceles, sino también sus domicilios y, hasta donde se sabe, desconocen de su paradero.
Esta acción ocurrió al enterarse que ya son buscado por la Policía de Investigación, debido a que ocuparon cargos en la administración del hoy huésped del Reclusorio Preventivo Norte, Christian Von Roehrich, cuando éste fungió como jefe delegacional de Benito Juárez, lapso en el que floreció el llamado Cártel Inmobiliario.
En el propio Congreso capitalino, es secreto a voces que estos dos representantes populares –cuya identidad es manejada con sigilo, para no entorpecer las investigaciones–, pretenden justificar sus ausencias con débiles argumentos, como cuestiones de salud, pero es evidente que tratan de seguir la ruta de su ex coordinador para conseguir licencias y no afectar con los votos a su bancada.
Sin embargo, la tienen muy complicada, porque primero deberán dar la cara ante el pleno del Congreso local, para explicar detalladamente y con razones válidas su intención de separarse momentáneamente –o definitiva—de sus cargos, pues bien saben que nunca aceptarán revelar en los líos judiciales que andan metidos.
Con base en las indagatorias, quedó establecido que dichos legisladores locales ocuparon cargos en la administración de Von Roehrich de la Isla, en el trienio 2015-2018.
El primero, es una mujer, quien laboró como Coordinadora de Gabinete y Proyectos Especiales, para luego pasar como Directora Jurídica y de Verificación de la entonces jefatura delegacional en Benito Juárez.
Mientras que el segundo presunto prófugo de la justicia, trabajó como Jefe de Unidad Departamental (JUD) de Calificación de Infracciones, quien además cuenta con otras carpetas de investigación por violencia doméstica y violencia de género, además de amenazas y violación a las leyes generales en Materia de Delitos Electorales y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por ello, es que los panistas creen que con evitar la ratificación de Godoy Ramos al frente de la FGJ evadirán la acción de la justicia, pues las investigaciones están muy avanzadas y, hasta donde se sabe, pronto habrá más consignaciones de la carpeta de investigación, con lo que el Ministerio Público espera que los jueces penales giren las correspondientes órdenes de aprehensión.
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