El diputado local del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación capitalina, con el fin de que las y los maestros tengan derecho a orientación jurídica y atención psicológica, para los casos en que sean objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de alumnos y/o sus familiares.

Al presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso capitalino, el priista reveló que cada vez se conocen más casos en los que profesores son agredidos por estudiantes, padres de familia o tutores, cada que surgen problemas de índole escolar.

Desafortunadamente, dijo el legislador, hoy en día es común encontrarnos con situaciones en las que los estudiantes se enfrentan a la violencia en su entorno familiar, lo que desencadena diversas problemáticas que son reflejadas en otros lugares, como los centros escolares, donde se manifiesta al momento en el que el menor comete actos que entran en el llamado “bullying”,

Al citar al menos 10 casos de agresiones a profesores, registrados en medios de comunicación en diversos estados del país, Colmenares Rentería mencionó que el maltrato hacia maestros puede incluir violencia psicológica –donde se hace uso del abuso verbal y emocional mediante las burlas, insultos o amenazas–, así como violencia física, en la que llegan a recibir golpes o incluso lesiones mayores.

Incluso, mencionó, las agresiones no solo ocurren de manera presencial, sino también en redes sociales o grupos de wattsapp, donde realizan publicaciones, comentarios o difunden fotografías y audios con acoso, burlas y maltrato, por el simple hecho de cumplir con su labor de enseñar, incurriendo así en el “cyberbullying”.

Explicó que maestros han manifestado su preocupación ante los constantes malos tratos que reciben por parte de los padres de familia, quienes acuden a los planteles con la finalidad de intimidarlos, a fin de conseguir un trato distinto hacia sus hijos y exigir sean aprobados, aún y cuando el menor no demuestra un buen comportamiento o, incluso, cuando el menor tiene alguna situación que amerita la intervención de un especialista médico.

De igual manera, los profesores externaron situaciones en las que los padres de familia realizan amenazas, para exigir el pago de cierta cantidad económica a cambio de permitirles cumplir con su trabajo de manera tranquila, cuestión que se ha visto en repetidas ocasiones, pero una vez que realizan su cometido, los papás cambian a sus hijos de plantel y vuelven a reincidir.

Además, comentó que ha ocurrido un alza en el número de incidentes entre alumnos, sus familiares y los profesores, por lo que está establecido que la violencia es un fenómeno que afecta al sistema educativo, provocando que el ambiente en el que se desarrollan las actividades escolares se convierta en algo nocivo que afecta a todos los involucrados.

“Si bien se han registrado casos en los que los docentes son quienes llegan a violentar a los menores, también se dan situaciones en las que esto es a la inversa. Al proporcionar el acompañamiento adecuado, se da paso a que los profesores reflexionen sobre su actuar y corrijan las actitudes que lleguen a ser consideradas abusivas por los estudiantes, permitiendo que el cambio sea oportuno y se evite incidentes a futuro”, dijo Colmenares Rentería.

La propuesta incluye adicionar un artículo 117 Bis a la Ley de Educación, para asentar que “con la finalidad de dar el debido cumplimiento a sus obligaciones, el personal docente deberá contar con el apoyo jurídico y psicológico necesario. Dicha atención, deberá incluir el adecuado seguimiento para los casos que lo ameriten, así como para situaciones que pongan en riesgo su integridad personal y en general, su esfera jurídica de derechos, cuestión que deberá ser debidamente justificada”, establece el documento.

La iniciativa fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Gabriela Salidos Magos, para su análisis y, en su caso, dictamen a la Comisión de Educación.