La diputada local del PRI, Mónica Fernández César, propuso que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina coordine las acciones para que las personas con discapacidad y quienes las cuidan, reciban apoyos en materia de salud física y mental, educación y nutrición, con el fin de que mejoren su calidad de vida.

Para ello, la también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, presentó ante el pleno del Legislativo una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la capital.

Explicó que se trata de que las personas con discapacidad cuenten con los cuidados necesarios, para que su calidad de vida sea óptima mediante la implementación de un programa integral que los dote con cuidados físicos, mentales, alimenticios, terapéuticos, médicos, así como garantizarles el derecho a la educación de calidad, adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, añadió, el objetivo es propiciar que las personas cuidadoras, que en mayor porcentaje son mujeres, puedan, por ejemplo, seguir con sus estudios o insertarse en la vida laboral, logrando con ello, la realización personal.

En su exposición, la representante popular citó que, de acuerdo con los datos del Censo 2020, en la Ciudad de México habitan un millón 703 mil 827 personas con discapacidad! es decir, el 18.5% de la población total en la capital, de los cuales, 44.38% son hombres y 55.61% mujeres.

Precisó que las alcaldías donde se encuentran los índices más elevados de las personas con discapacidad, son: Iztacalco, Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.

La iniciativa pretende que se asiente en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la capital, que corresponderá a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social coordinar trabajos conjuntos con las instancias correspondientes para diseñar, elaborar e implementar mecanismos y políticas públicas en materia de salud física y mental, así como educación y nutrición, aplicables para que las personas con discapacidad y sus cuidadores, para mejorar su calidad de vida y su entorno.

Asimismo, la dependencia deberá formalizar convenios y otros instrumentos en materia de salud física y mental, así como educación y nutrición enfocados con empresas públicas y privadas, para que las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras mejoren su calidad de vida y su entorno.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local.


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