Avanza dictamen a favor del medio ambiente

Al dictaminarse en sentido positivo la iniciativa para modificar el artículo 345 bis y adicionar el 346 bis, ambos del Código Penal capitalino, en materia de tala y ecocidio, la diputada local “sin partido”, Elizabeth Mateos Hernández, destacó la importancia de esta decisión para contribuir al cuidado del medio ambiente.

La ex jefa delegacional de Iztacalco y promovente de dicha propuesta, junto con el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, subrayó que la aprobación del dictamen dará una protección más amplia, punitiva y coactiva a todas aquellas conductas que resultan contraproducentes al cuidado del bien colectivo, el mayor reto para enfrentar como humanidad.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, explicó, la tipificación del delito de tala y ecocidio requiere de la voluntad de toda la sociedad, para castigar aquellas conductas de quienes en su ánimo de obtener beneficios económicos, ponen en riesgo la vida de millones de personas, subrayó la también coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

Mateos Hernández destacó que el cambio climático y los problemas asociados al medio ambiente, son la crisis definitoria de nuestro tiempo y ocurre más rápido de lo que se pensaba.

Las consecuencias, advirtió, se observan en las altas temperaturas, sequías, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria e hídrica, así como la pérdida de bosques a causa de los talamontes y de innumerables ecosistemas terrestres y marinos por las actividades humanas.

“Ningún rincón del mundo está a salvo de las devastadoras consecuencias de la degradación ambiental y, está claro, no podemos seguir así. Ha llegado el momento de emprender acciones colectivas audaces para contrarrestar esta crisis”, aseveró la ex perredista y pevemista.

Actualmente, son varios los países que han incorporado la figura del ecocidio –o una equivalente– en sus ordenamientos penales, como Francia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Rusia y Vietnam, mientras que hay propuestas de similar tenor en España, Bélgica e, incluso, Argentina.

En México, por su parte, sólo los estados de Jalisco y Chiapas han regulado el ecocidio.

Mientras que en la Ciudad de México, los delitos ambientales más comunes son: tala ilegal de árboles; disposición inadecuada de residuos sólidos en suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental o en vía pública; extracción de suelo o cubierta vegetal; cambio de uso de suelo por desarrolladores inmobiliarios; invasión u ocupación; contaminación por descarga de aguas residuales, residuos industriales, químicos o bioquímicos, entre otras acciones, recordó la representante popular.

Cada una de estas conductas, recordó, están tipificadas en el Código Penal capitalino, sin embargo, no contemplan los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente, como uno de los delitos a perseguir, además, no tipifica el ecocidio como un delito, sino solo los comunes básicos.

“De ahí la importancia de ampliar la protección y tutela del medio ambiente al sistema de tipo penal. Gracias al dictamen aprobado este miércoles, se podrá brindar una protección más amplia a todas las conductas que resultan contraproducentes al cuidado del bien colectivo”, enfatizó Mateos Hernández.

Con ello, el documento será turnado a la Mesa Directiva, a fin que lo incluya, a la brevedad posible, al orden del día y sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.