PRI pide juicio político contra magistrado del TSJ

Diputados locales del PRI presentaron ante el Pleno del Congreso capitalino una demanda de juicio político contra del magistrado Jorge Ponce Martínez, integrante de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, por la “flagrante violación de las obligaciones” inherentes a su cargo.

Por medio de un Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, los priistas demandaron juicio político, en la que explicaron que el impartidor de justicia violó el principio Pro Persona, consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena que la interpretación de la norma será favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los priistas: Jhonatan Colmenares Rentería, Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César, así como el abogado Alan Hernández, defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, éste precisó las causas por las que piden juicio político en contra del magistrado.

Explicó que el impartidor de justicia avaló el traslado de Cuauhtémoc Gutiérrez al penal de alta seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin esgrimir ningún argumento sólido. La prueba, añadió, es que posteriormente se logró que Gutiérrez De La Torre retornara al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

El litigante señaló también que el magistrado se negó a modificar la medida cautelar de prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez, a pesar de que todas las acusaciones que enfrenta son por delitos en grado de tentativa y no delitos consumados.

Al respecto, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado en claro que no puede equipararse un delito consumado a un delito en grado de tentativa.

Por ello, destacó que lo único que pide su cliente, es «piso parejo» en el juicio que se le sigue desde hace años y por el cual no existen pruebas contundentes para mantenerlo en prisión.

El Punto de Acuerdo, que se turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias, está firmado por los diputados Jhonatan Colmenares Rentería, Maxta González Carrillo, Mónica Fernández, Fausto Zamorano Esparza, Ernesto Alarcón Jiménez y Silvia Sánchez Barrios; es decir, por todos los integrantes del grupo parlamentario del tricolor.