Víctimas de despojo ligados a la operación de organizaciones de vivienda y del mismo Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) dieron a conocer sus casos en el Congreso capitalino, donde denunciaron opacidad, tráfico de influencias y omisión por parte del organismo y de las autoridades ante quienes han denunciado tales hechos.

En conferencia de prensa y acompañados de diputadas locales del PAN y PRI, dueños de los predios ubicados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, narraron cómo llevan hasta 15 años en juicios o trámites con nulos resultados, mientras ellos están fuera de sus propiedades.

“Nos tratan como títeres cuando vamos a verlos. Dicen que nos dan solución y nos atienden, pero son idas y reuniones en las que no nos da una resolución a nuestras demandas. Por ello, vinimos a solicitar el apoyo de los diputados, porque al tratarse de este instituto, nadie quiere afectarlos”, señaló Rigel Osorio Sierra, quien compró una casa que le fue despojada dos años después, en Tlaxcala 22, colonia Providencia, Sección 5, en Gustavo A. Madero.

Este caso es sólo uno de los más de 30 detectados y que ya cuentan con judicialización o están en vía de ello, algunos con más de 15 años de haber sido invadido su predio, con fallos y cambios de encargado del caso en el Ministerio Público, como el de Antonio Caso 104, alcaldía Cuauhtémoc.

“Llevo varias denuncias presentadas por despojo desde 2006. La última data de 2022 y  lleva 14 meses sin avance, con ocho ministerios públicos distintos y un archivo de 4 mil hojas, donde la autoridad da como propietarios a personas que invadieron y ocupan los departamentos de manera ilegal, que firman de puño y letra como dueños, incurriendo en delitos gravísimo y que no toman en cuenta para la resolución”, explicó Carlos Ruiz de Teresa, dueño del predio en disputa con el  INVI.

Las víctimas fueron recibidas por la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC), Daniela Álvarez Camacho, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar al contralor general capitalino, Juan José Serrano, para que investigue al INVI por posibles actos de cohecho, tráfico de influencias, conflicto de interés y desvío de recursos a través de organizaciones, quienes han despojado de sus viviendas a terceras personas.

“No estamos en contra de la vivienda para los que la requieren, pero que sea digna y lo hagan bien, sin afectar a terceros o con opacidad en la operación, porque hemos encontrado una red que involucra al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien ha dado recursos y autorizado proyectos a su hermana Esperanza, a través de la asociación MUHL. Además, tenemos registrados otros casos que involucran a varias asociaciones ligadas a diputados y al mismo jefe de Gobierno en litigios”, acusó la diputada del PAN por la alcaldía Tlalpan.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa, también estuvieron las diputadas Gabriela Salido Magos, del PAN, y Silvia Sánchez Barrios, del PRI, quienes escucharon los testimonios de los propietarios de los predios ubicados en Belisario Domínguez 43 y de Plaza Comonfort 22, que fueron registrados como beneficiarios del INVI y, posteriormente, echados para dar esas viviendas a otras personas con engaños y demandas sostenidas por el mismo organismo.

Posteriormente, Álvarez Camacho presentó el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, el cual fue votado de urgente y obvia resolución. Sin embargo, quedó empatado con 10 sufragios a favor y 10 en contra, estos últimos de los representantes de Morena y sus aliados, por lo que el presidente de la Mesa Directiva decidió pasarlo para la próxima sesión de la Comisión Permanente, en la que será votado nuevamente.