Proponen ley especial para preservar el ajolote

La diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Polimnia Romana propuso crear una ley especial para la preservación del ajolote y su hábitat, con el propósito de dotar a la capital de un ordenamiento jurídico que pueda contribuir no solo a la conservación sino también desarrollo económico, turístico y cultural de localidades.

Al hacer uso de la tribuna, la legisldora perredista señaló que de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, el ajolote mexicano se encuentra en la categoría de riesgo “en peligro de extinción”, es decir, su especie se encuentra entre aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica.

Lo anterior, dijo, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

Por ello, para salvaguardar la zona lacustre de Xochimilco, que es el hábitat natural del ajolote, Romana presentó esta iniciativa para incentivar la concientización de la población en general respecto del cuidado de esta especie, de lo ambiental socialmente incluyente y económicamente fructífero.

Refirió que el documento propuesta establece: obligaciones y facultades del Estado, sus poderes e instituciones; contemplan los derechos y obligaciones que en la materia tiene la población en general; define obligaciones para el sector privado que priorizan la responsabilidad ambiental en el desarrollo de actividades económicas; integra la importancia de los ajolotarios e incluye también un capítulo de denuncias y sanciones.

En particular, esta normativa, señala que será obligación de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementar un registro de población de ajolotes en la capital y mantenerlo actualizado.

Para la población en general quedará prohibido “sustraer, comercializar o adquirir ajolotes en cualquiera de sus etapas de desarrollo”.

Las sanciones por infracciones cometidas de acuerdo a la ley van desde una amonestación hasta los 10 mil 374 pesos, además de arresto hasta por 36 horas y suspensión o revocación de permisos para el establecimiento de ajolotarios.

Esta iniciativa se planteó, en primera instancia, en el Parlamento de la Niñez 2022 y la expuso el diputado infantil, Josué Emiliano Montelongo Miranda.