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Las personas que hayan sido condenadas por violencia familiar o contra la mujer, deudores alimentarios y agresores sexuales tendrán prohibido ocupar un cargo en dependencias y órgano desconcentrados del Gobierno de la ciudad de México, así como en unidades administrativas de las 16 alcaldías.
Así lo aprobó por unanimidad, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias del Congreso capitalino.
Y es que de acuerdo al dictamen aprobado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Francis López Baygüen Patiño refirió que esta propuesta es adecuada e idónea que va encaminada a prevenir acciones de violencia laboral en contra de las mujeres.
Y es que dijo que esto constituye un mecanismo que abona en la prevención de la transgresión de los derechos de las mujeres y que indudablemente formará parte de las acciones que el Estado mexicano está obligado a implementar, para formar un bloque normativo que oriente políticas públicas tendientes a lograr cambios de conciencia.
“Se propicia la ocupación de cargos con un perfil público adecuado, que privilegie el principio de integridad”, resaltó.
En general quienes aspiren a un cargo público deberán cumplir los siguientes requisitos:
- No contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; por delitos contra la libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, establecidos en la legislación penal aplicable;
- No contar con sentencia firme por el delito de violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, establecidos en la legislación penal aplicable, y
- No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que se acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
El dictamen fue impulsado por los legisladores de Morena, Nancy Núñez y Miguel Ángel Macedo, y reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, así como la Ley Orgánica de Alcaldías.
Se prevé que en breve sea aprobado por el pleno de este órgano legislativo.