Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso capitalino aprobaron el dictamen sobre la iniciativa que presentó en mayo pasado el diputado local del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, para que la Secretaría de Educación capitalina implemente el “Violentómetro Escolar”.

El propósito de la medida, explicó en su propuesta el priista, es medir con indicadores el riesgo en materia de acoso escolar, mediante una escala mesurable que permita emprender las acciones adecuadas por parte de las autoridades escolares para garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los centros educativos.

Para ello, el legislador presentó la iniciativa de reformas a la fracción XXVI del artículo 2 y las fracciones XXXII XL y XLI del artículo 9 de la Ley de Educación en la Ciudad de México, en la que propone, además, evitar que al interior de las escuelas se distribuyan o consuman drogas psicotrópicas o enervantes, así como la portación de armas de fuego y/u objetos punzocortantes.

En todo caso, mencionó el diputado, las autoridades educativas deberán acudir a las autoridades correspondientes a denunciar cualquier hecho de portación de armas u objetos punzo cortantes, a efecto de que sea seguido el procedimiento legal correspondiente.

El dictamen aprobado por dicha Comisión, establece que en el artículo 2 de la mencionada ley, “se entenderá en la fracción XXIV. Violentómetro Escolar: Es el medidor de indicadores de riesgo en materia de acoso escolar, mediante una escala mesurable que permita emprender las acciones adecuadas por parte de las autoridades escolares para garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los centros educativos.

En tanto en el artículo 9, fracción XXXII: “Elaborar, desarrollar y aplicar programa, campañas locales y acciones específicas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar conductas violentas, antisociales y asociales que impidan la convivencia sana y pacífica y/o que ponga en riesgo la integridad personal o colectiva de la comunidad educativa, así como la canalización a instituciones especializadas, en caso de requerirse, de aquellos alumnos que presten indicadores de riesgo sobre dichas conductas.

Fracción XL: “Implementar un ‘Violentómetro Escolar’ para la medición de indicadores de riesgo en materia de acoso escolar, mediante una escala mesurable que permita emprender las acciones adecuadas por parte de las autoridades escolares para garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los centros educativo”.

En tanto que la fracción XLI: “Velar que en el interior de los planteles educativos no se distribuyan o consuman drogas psicotrópicas o enervantes, así como la portación de armas de fuego y/o objetos punzocortantes, debiendo acudir a las autoridades correspondientes a denunciar cualquier hecho en este sentido, a efecto de que sea seguido el procedimiento legal correspondiente”.

En su argumentación, Colmenares Rentería citó que el acoso escolar se ha incrementado 347% en el periodo enero-febrero de 2023, en comparación con el mismo lapso de 2022 a nivel nacional, de acuerdo con reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Recordó que el acoso escolar o bullying impide a niños, niñas y adolescentes que sufren estos maltratos, ejercer sus derechos fundamentales y gozar de experiencias enriquecedoras de educación, interacción social, desarrollo y libre expresión de la personalidad, participación y a sentirse a salvo en la escuela como lugar desde donde es posible construir sociedades más justas y pacíficas.

Por lo anterior, consideró urgente que el Estado tome las medidas necesarias para erradicar el acoso escolar o bullying, y así garantice a las niñas, niños y adolescentes estén protegidos contra toda forma de violencia, discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas, las creencias de su entorno familiar, y en general su identidad.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación, cuyos integrantes la aprobaron por unanimidad, por lo que este viernes, en sesión extraordinaria, será discutida y, en su caso, aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.