El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Ernesto Alarcón Jiménez, solicitó que la alcaldía Magdalena Contreras, así como el Congreso capitalino, regularicen los asentamientos urbanos de Ladera de Sayula, Surco de Encinos Norte, Ocotenco, Pasaje Rincón, Tierra colorada y Cazuco, con el fin de que sus habitantes cuenten con seguridad jurídica y puedan acceder a los principales servicios urbanos.

En un Punto de Acuerdo que presentó al pleno del Congreso local, el representante popular por la alcaldía Magdalena Contreras explicó que el incremento demográfico de la Ciudad de México, así como la poca disponibilidad de suelo rural han provocado una lucha por conseguir una vivienda digna, dando paso a numerosos asentamientos irregulares como los citados, que siguen sin poder acceder a la titularidad de los suelos donde actualmente residen, posicionándolos en una situación de vulnerabilidad e inequidad.

Indicó que en el caso de la Magdalena Contreras, la última actualización de su Programa de Desarrollo Urbano se publicó en 2005; es decir, hace 18 años, a pesar de que dicho instrumento tiene que reformarse al menos cada cinco años, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.

Añadió que en la citada jurisdicción, se tiene un registro actual de 52 colonias consolidadas y Asentamientos Humanos Irregulares, que necesitan una actualización en cuanto a su población, vivienda y el tipo de asentamiento humano.

Por ello, el legislador exhortó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso local, para que realice un análisis exhaustivo y en su caso modifique la clasificación de zonificación en la que actualmente están los asentamientos irregulares de Ladera de Sayula, Surco de Encinos Norte, Ocotenco, Pasaje Rincón, Tierra Colorada y Cazuco, en La Magdalena Contreras.

De la misma manera, exhortó al titular de la alcaldía, para que formule o, en su caso, actualice el Programa de Ordenamiento Territorial de la jurisdicción y contemple un diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares, así como las medidas y acciones para su regularización o reubicación.

La propuesta fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.