El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón Jiménez, solicitó a las autoridades federales y locales que inicien la regularización del asentamiento irregular El Ocotal, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, en beneficio de sus habitantes.

En el Punto de Acuerdo que presentó al pleno del Congreso local, el legislador explicó que El Ocotal comenzó a urbanizarse alrededor de 1975, fundamentalmente con el esfuerzo de sus habitantes, quienes abrieron las calles, levantaron sus casas, construyeron el drenaje y comenzaron a alegarse servicios como energía eléctrica y telefonía, pero hasta ahora no han logrado que se instale en su totalidad la red hidráulica.

Añadió que la falta de regularización sobre la propiedad de la tierra, aunado con la falta de servicios básicos, posicionan a El Ocotal en un estado de indefensión y vulnerabilidad a su población, en la que se encuentran niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades; es decir, grupos vulnerables que requieren una atención y protección mayor, por colocarse en una situación de desventaja frente a las demás personas.

Por lo anterior, en el Punto de Acuerdo el priista solicitó que la Procuraduría Agraria asesore a las personas, que actualmente viven en el asentamiento antes citado, a efecto que puedan regularizar su propiedad y que el Registro Agrario Nacional, informe sobre el último estado de derecho que guarda el territorio, derivado de los registros que se hayan hecho sobre él.

De la misma manera, exhortó al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para que considere dentro del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos, a la población que actualmente se sitúa en el Ocotal, con el fin de que las personas puedan regularizar el lote donde viven, tener derecho a solicitar créditos para mejorar la vivienda y contar con mejores servicios públicos.

De igual forma, el líder del tricolor pidió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y al alcalde de Magdalena Contreras, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el derecho de acceso al agua potable, de las personas que habitan en dicho asentamiento.
La propuesta se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.


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