
Para evitar actos de corrupción en el sector inmobiliario, el pleno del Congreso capitalino aprobó, por unanimidad, el dictamen para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a los titulares de las 16 Alcaldías, verifiquen que la construcción de vivienda cumpla con la normatividad aplicable, a fin de evitar que su inobservancia vulnere el derecho humano en la materia.

También, los legisladores aprobaron, con 34 votos, la construcción del parque lineal sobre el camellón del Periférico Oriente (Canal de Garay), en el tramo de la Avenida Tláhuac a Canal de Chalco, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, como parte del programa Sembrando Parques, cuyo propósito es crear o regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los capitalinos; el dictamen fue presentado por la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos.

De igual forma, en la sesión ordinaria de este martes, los legisladores aprobaron, con 35 votos, la colocación de un busto y placa conmemorativa para el reconocimiento al luchador social y defensor de derechos humanos Rosendo Radilla Pacheco, en los alrededores del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicado en la calle Pino Suárez número 2, colonia Centro; el dictamen fue leído por la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana.

Sobre el primer dictamen, Rangel Lorenzana, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso local, que preside el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, informó que el punto de acuerdo fue presentado por el diputado de MORENA, Gerardo Villanueva Albarrán, cuya propuesta fue modificada durante su discusión y aprobación.

La propuesta de punto de acuerdo del morenista consta de 14 fojas, donde destaca que en la administración pasada, el mercado inmobiliario comenzó a experimentar un proceso de auge, en el que proliferó la construcción de diversos edificios que, de manera sistemática, violentaban la normatividad en la materia.
Incluso, cita a Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, quien afirma: “el proceso de gentrificación, terminó afectando a propietarios y arrendatarios a quienes se les forzaba a vender o a desalojar las propiedades que ocupaban para impulsar ese proyecto de crecimiento inmobiliario”, asentó Villanueva Albarrán en su punto de acuerdo.
Por ello, añadió, “la Ciudad de México tuvo un crecimiento desmedido y extrañamente acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que carecían de servicios e infraestructura adecuada para su funcionamiento. Como clara consecuencia de políticas de viviendas inadecuadas, con visiones mercantilistas y sin apego al aspecto social y humano que ello guarda, adicional a los actos de corrupción”, señala la propuesta.

Además, el dictamen aprobado, con 34 votos, destaca que todo esto derivó en que la promoción de la vivienda se centrara para personas de altos ingresos capaces de cubrir los elevados costos, “contribuyendo a la gentrificación y a la sustitución de una clase social por otra de un nivel adquisitivo mayor, llevando el costo del suelo a niveles imposibles de pagar para la mayoría de las personas habitantes de la ciudad”, establece el documento.
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