
La diputada local del PRI, Tania Larios Pérez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como un mecanismo permanente de consulta, opinión, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones.
Al presentar la Iniciativa que adiciona un apartado E al artículo 32 de la Constitución Política capitalina, la legisladora expuso que el objetivo es lograr un desarrollo integral de la sociedad en todos los ámbitos de gestión y formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas.

La propuesta señala que el Consejo estaría conformado por 20 integrantes y un presidente, todos ellos personas especialistas y representantes ciudadanos, con amplia experiencia reconocida y buena reputación, quienes serían electos por el voto de dos terceras partes de los diputados en el Congreso capitalino, previa convocatoria que para tales efectos emita el mismo.
En la integración del Consejo, deberán garantizar la equidad de género, por lo que el porcentaje mínimo en función del género de la persona, no podrá exceder del 60% de uno de los géneros, al menos que existan razones especiales que resulten en lo contrario.

A su vez, la presidencia será elegida por las dos terceras partes de los miembros del Consejo una vez que esté se haya integrado, además los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo seis años y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
Asimismo, la propuesta señala que para ser Consejero Ciudadano deberá contarse con buena reputación, reconocidos méritos profesionales, sociales, académicos, técnicos y científicos en las materias relacionadas a cada uno de los ámbitos de actuación de la Administración Pública.

Al argumentar la propuesta, la diputada expuso que la incorporación de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas es un tema cada vez más recurrente en las agendas legislativas.
Refirió que diversos académicos han señalado que la participación ciudadana suele vincularse a los procesos de innovación de la gestión pública, pero también como un mecanismo para captar las demandas ciudadanas, enfocándolas a mejorar la prestación de los servicios públicos en un contexto cada vez más complejo.
Por lo anterior, añadió, la iniciativa pretende crear un Consejo Ciudadano que tenga la capacidad de contribuir al proceso de políticas públicas, con un objeto y carácter decisorio amplio, integrado mayormente por ciudadanos, con una presidencia ciudadana y donde la elección de los consejeros sea por convocatoria abierta.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local.
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