La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura, recibió una iniciativa de la organización Las Constituyentes MX Feministas, para impulsar la ley “3De3 Contra la Violencia de Género”, para impedir que deudores alimentarios, acosadores y agresores de mujeres sean candidatos a cargos de elección popular.

En conferencia, la líder morenista en el Antiguo Palacio de Donceles aclaró que dicha iniciativa la presentará este miércoles ante el pleno en la sesión ordinaria, pues busca reformar la Constitución de la Ciudad de México y el Código Electoral, para incluir como requisitos de elegibilidad el no estar condenado por el delito de violencia familiar, de carácter sexual y no ser deudores alimentarios morosos.

“Gracias a iniciativas como ésta, que tienen su origen en un reclamo social de justicia y que los legisladores retomamos en nuestro carácter de representantes populares, la Ciudad de México cuenta con un marco jurídico de vanguardia para la protección de los derechos”, manifestó Ávila Ventura.

Por su parte, María Guadalupe Hernández Zárate, de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas, expuso que esta iniciativa “es un alto, dejar de poner a las mujeres en una posición de vulnerabilidad y de invalidar las diferentes violencias que se ejercen sobre las mujeres, además de hacer un llamado a seguir reflexionando y luchando”, afirmó.

Mientras que la activista Martha Gómez Moreno, ahondó que la iniciativa ayuda a visibilizar a candidatos que ejerzan violencia contra las mujeres, “porque si lo hacen en su casa, con las personas que dicen amar, y lo replican en los puestos de poder y candidaturas de elección popular”, señaló.

Cabe señalar que la iniciativa contempla que dichos requisitos incluyan los cargos de jefa o jefe de Gobierno, de alcaldes y concejales, así como de diputadas y diputados.

Ávila Ventura sostuvo que el Grupo Parlamentario de Morena cuenta con una amplia agenda legislativa en materia de género, por lo que Las Constituyentes MX Feministas se acercaron a ella al encontrar eco en sus demandas.

Lamentó que los deudores alimentarios vulneran los derechos humanos de las niñas y niños; en tanto, la violencia sexual es la forma muy específica que lastima a las mujeres por su condición; y la violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en nuestro país.

Recordó que en 2021, fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) un lineamiento dirigido a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), para no permitir que los aspirantes a cargos de elección popular fueran violentados de mujeres, pero esto no es una ley.

«Se firmó como una regla, más no como una ley. Entonces esta normativa no obedece al contexto de emergencia nacional que tenemos las mujeres. Por eso, esta iniciativa propone que sea con antecedentes de denuncia, de investigación, procesamiento y/o de sentencia ejecutoria”, destacó Ávila Ventura.

En tanto, la feministas comentaron que su iniciativa sea un marco jurídico que garantice tres parámetros: erradique a todo tipo de deudores de alimentos, de agresores y de acosadores y que se garantice que todas las instituciones del Estado se comprometen con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De igual forma, coincidieron, busca que la paridad no únicamente sea cuantitativa, sino también cualitativa y prevenir la violencia política institucional, “además de que nadie que vulnere un derecho en lo privado, tenga derecho a tutelar en lo público”, reiteraron.